Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 16 feb (Reuters) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, espera que el Congreso apruebe sus reformas para reducir la pobreza, la exclusión y la inequidad, pero las leyes serán producto de la concertación y no de la imposición, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, admitiendo la posibilidad de ceder en algunos proyectos.
Petro, quien hace más de seis meses asumió como el primer mandatario de izquierda en la historia del país, presentó el lunes al Congreso un proyecto para reformar la salud con el que busca prevenir y tratar a tiempo las enfermedades, aumentar la cobertura, subir salarios a los trabajadores del sector y combatir la corrupción centralizando el pago por servicios.
El presidente también presentará una reforma laboral y otra al sistema de pensiones, mientras implementa programas para dar acceso gratuito a educación universitaria a jóvenes sin recursos y entrega subsidios a familias y ancianos pobres.
“No hay posibilidad de imposición en un régimen democrático y deliberante como el colombiano que lleva todas estas reformas al Congreso”, dijo Prada en una entrevista con Reuters al atardecer del miércoles.
“Si no se quisiera deliberar y respetar el desarrollo de este escenario democrático del Congreso, pues seguramente se hubiera convocado una Constituyente, se hubiera decretado el estado de conmoción interior y adoptado medidas que la misma Constitución le permite al presidente abrogarse y no lo ha hecho”, explicó el político de 58 años.
Petro convocó el martes a marchas y concentraciones en apoyo a sus reformas y en un discurso ante una multitud pidió al pueblo levantarse, mientras invitó a la oligarquía permitir generosamente los cambios políticos, económicos y sociales que requiere el país para recudir la desigualdad y la pobreza.
Analistas políticos y líderes de la oposición aseguraron que, con su discurso, las marchas y las concentraciones, Petro busca presionar al Congreso y a la Corte Constitucional para que aprueben sus iniciativas, una consideración que negó el Gobierno y el propio mandatario, un economista de 62 años que en su juventud perteneció a la desmovilizada guerrilla del M-19.
“El Congreso tiene la palabra. El presidente es un demócrata respetuoso de la Constitución y la decisión final del Congreso va a ser lo que se convierta en ley de la República o en nuevas normas constitucionales”, afirmó Prada, encargado de manejar las relaciones del Gobierno con el Congreso.
El ministro aseguró que la Corte Constitucional, encargada de revisar la legalidad de las reformas aprobadas, es absolutamente autónoma e independiente y tiene una legitimidad enorme para pronunciarse sobre el contenido de las normas.
RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD
“Estamos simplemente en la etapa preliminar en la que queremos que el pueblo colombiano participe. Pero de ahí en adelante quedamos por cuenta de la institucionalidad”, aseguró al explicar que lo que propuso Petro fue una participación activa de la sociedad en la discusión de las reformas que no se puede interpretar como presión al Congreso o a la corte.
Aunque Petro consolidó en el Congreso una coalición con el apoyo de partidos de izquierda, centro e incluso de derecha con la que logró la aprobación de una reforma tributaria que entró en vigencia este año, iniciativas como la reforma al sistema de salud han provocado fisuras en esa alianza e incluso al interior del Gobierno, según políticos cercanos al mandatario.
“Hasta ahora ha sido muy sólida. No tengo una varita mágica para ver qué va a pasar en dos o tres meses, pero en lo que a mí respecta y el Gobierno, vamos a hacer todo lo posible para mantener unida esta gran coalición que nos ha ayudado tanto”, afirmó Prada.
En la eventualidad de que no se aprueben las reformas en el actual periodo de sesiones del Congreso, el Gobierno deberá presentarlas de nuevo, lo que implicaría un retraso en la implementación de sus políticas.
El funcionario dijo que otras reformas claves que presentará el Gobierno para el debate y aprobación en el Congreso son la que permite el sometimiento a la justicia de las bandas criminales como parte de la búsqueda de la paz total para acabar el violento conflicto armado, y una agraria que busca que los campesinos tengan acceso a la tierra y contribuyan a aumentar la producción agrícola.
También se deberá aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que establece los objetivos, programas y metas económicas y sociales del Gobierno para los próximos cuatro años, con inversiones por unos 236.724 millones de dólares.
Otra iniciativa que el Gobierno busca que se apruebe antes del 20 de junio es una adición presupuestal para incorporar los recursos de la reforma tributaria aprobada en 2022 por más de 4.714 millones de dólares para financiar inversión social.
Prada dijo que son infundados los reiterados temores de la oposición -liderada por el partido derechista Centro Democrático que fundó el expresidente Álvaro Uribe-, de que Petro se perpetuará en el poder indefinidamente, como lo han hecho otros líderes de izquierda en América Latina.
“Eso está vedado totalmente por el propio presidente Petro. La Constitución señala las reglas de juego mediante las cuales se elige el presidente de la República y una de las reglas es para un periodo fijo de cuatro años. Cuando completemos, el 7 de agosto del 2026, el año número cuatro, ese día entregaremos a quien democráticamente el pueblo haya elegido”, concluyó.
(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)
