BOGOTÁ, 16 sep (Reuters) -El fallo de un juzgado de Colombia que ordenó suspender las actividades de exploración y explotación de gas en el pozo Uchuva 2, en la costa afuera en el Mar Caribe, es una amenaza para la seguridad energética del país sudamericano, afirmaron el lunes la Asociación Colombiana del Petróleo y Naturgas.
El fallo ordenó paralizar las actividades en el pozo Uchuva-2, en el bloque Tayrona en el Caribe colombiano, debido a que las empresas no consultaron adecuadamente a una comunidad indígena local sobre la operación.
“No podemos permitir que nos apaguen el país con decisiones arbitrarias”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Frank Pearl, en una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.
El bloque es propiedad de la energética estatal colombiana Ecopetrol, que tiene una participación del 55,6%, y de la brasileña Petrobras, operadora y dueña del 44,4% restante.
La sentencia representa el último capítulo de la larga historia de tensiones entre sucesivos gobiernos colombianos y grupos indígenas en torno a proyectos energéticos que, según las comunidades, a menudo vulneran sus derechos o amenazan su modo de vida.
También es un golpe para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien se enfrenta a los temores de que el país se encamina a ser cada vez más dependiente de las importaciones de gas a medida que disminuyen las reservas existentes en medio del rechazo del mandatario por las industrias extractivas de combustibles.
“Atrasar este proyecto lo que va a implicar es que por más tiempo tengamos que vernos obligados a importar gas natural sometidos a la volatilidad de los mercados internacionales”, aseguró por su parte Murgas. “El potencial de reservas que tiene Uchuva es 2,5 veces mayor a las reservas probadas que tenemos hoy en día”.
Las reservas de gas de Colombia bajaron un 15,76% a 2.373 giga pies cúbicos al cierre del 2023, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
De acuerdo con el fallo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en coordinación con el Ministerio de Ambiente deberán realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya específicamente los efectos del proyecto sobre el Cabildo Indígena de Taganga y su relación con el entorno marítimo, en un plazo no mayor a cuatro meses.
El Ministerio del Interior anunció que apelará la decisión judicial debido a que no era necesaria una consulta previa por la ausencia de la comunidad indígena en la zona, por lo que los procedimientos fueron ajustados a la normatividad vigente.
(Reporte de Oliver Griffin. Escrito por Luis Jaime Acosta)
