MADRID, 10 ene (Reuters) – El Gobierno español, liderado por los socialistas, anunció que había propuesto una ley para impedir que grupos religiosos persigan a personas por blasfemia, en un contexto de debate sobre cómo equilibrar la libertad de expresión con los derechos religiosos.
Patxi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dijo el viernes que el proyecto derogará una ley que impone multas a las personas que se burlan de los sentimientos religiosos.
En su opinión, la ley “no registra apenas condenas y, sin embargo, es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas (y) a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, sin fundamento alguno”.
Alrededor de un tercio de los países europeos seguían teniendo leyes contra la blasfemia en 2019, según el Centro de Investigación Pew, y en las últimas décadas la cuestión ha trascendido la religión para convertirse en parte de la política identitaria, dijo David Nash, profesor de historia y experto en blasfemia de la Universidad de Oxford.
El proyecto de ley es consecuencia de una demanda interpuesta por Abogados Cristianos contra la comediante Lalachús después de que, en una aparición en la televisión pública durante las celebraciones de Año Nuevo, blandiera una imagen de Jesús sobre la que se había superpuesto la cabeza de la vaca mascota de un popular programa de televisión.
Otros procesos han tratado de castigar a una mujer que desfiló por las calles con una maqueta gigante de una vagina y a una política que se desnudó hasta el sujetador para protestar contra la presencia de una capilla en una universidad pública.
López dijo que el proyecto de ley también prohibiría las demandas basadas exclusivamente en pruebas procedentes de recortes de prensa y prohibiría a los partidos políticos o grupos asociados iniciar o sumarse a demandas.
La oposición conservadora dijo que se trataba de un intento de impedir las acusaciones privadas que han atrapado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia en el último año.
Sánchez amenazó con dimitir después de que su esposa, Begoña Gómez, fuera acusada por la organización Manos Limpias de utilizar su perfil para influir en sus negocios. Ella ha negado las acusaciones.
La mayoría de los casos de blasfemia en España son desestimados, aunque en 2018 un hombre fue condenado a seis meses de prisión por interrumpir una misa gritando consignas a favor del aborto.
(1 dólar = 0,9698 euros)
(Información de Charlie Devereux, Emma Pinedo y David Latona; edición de Aislinn Laing y Mark Heinrich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
