Por Daphne Psaledakis y Humeyra Pamuk
WASHINGTON, 4 feb (Reuters) – La revisión del presidente Donald Trump de la ayuda exterior de Estados Unidos ha provocado el caos en el sector de la ayuda y el desarrollo, donde cientos de contratistas viven una grave crisis financiera, con algunos ya teniendo que despedir personal mientas otros se enfrentan a millones de dólares en facturas impagadas.
Horas después de asumir el cargo el 20 de enero, Trump ordenó una revisión exhaustiva de casi toda la ayuda exterior estadounidense y encargó al multimillonario Elon Musk, que ha acusado falsamente a USAID de ser una organización “criminal”, que reduzca la agencia.
Desde entonces, decenas de empleados de USAID han sido puestos en excedencia, cientos de contratistas internos han sido despedidos, mientras que los empleados del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk han destripado la agencia, principal brazo humanitario de Washington que proporciona miles de millones de dólares en ayuda en todo el mundo.
Las órdenes generales de suspensión del trabajo emitidas por el Departamento de Estado han sembrado el pánico en el sector de la ayuda, tanto en el país como en el extranjero, ya que los contratistas suelen correr con los gastos y luego facturan al Gobierno estadounidense.
Para Steve Schmida, cofundador de Resonance, de Vermont, contratista de USAID durante muchos años en ámbitos como la innovación, la conservación de la pesca y el comercio y la inversión, la cuestión se ha convertido en “existencial” tras las órdenes de paralización del trabajo.
“Teníamos millones de dólares en facturas pendientes de pago que habían sido aprobadas por nuestros clientes del Gobierno estadounidense… Rápidamente comprendimos que se trataba de una grave amenaza para nuestro negocio”, dijo Schmida.
Empezó a despedir y dar de baja a decenas de empleados, pues calculaba que cerca del 90% de sus ingresos estaba a punto de desaparecer. Una vez que haya terminado, todos menos unos pocos de sus casi 100 empleados en Estados Unidos se habrán visto afectados, dijo.
“Los últimos 10 días han sido los peores de mi vida profesional”, dijo Schmida. La financiación de algunos de sus proyectos se concedió durante la primera administración Trump.
Un funcionario de un socio ejecutor de USAID, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que la compañía tuvo que despedir a cientos de empleados en Estados Unidos y que el Gobierno estadounidense le debía más de 50 millones de dólares en facturas de noviembre y diciembre que están vencidas.
Tanto el funcionario como Schmida dijeron que podrían tener que acudir a los tribunales por los saldos pendientes.
Muchos de los empleados y contratistas de USAID han expresado su conmoción por la rapidez con que la administración despidió a personas, solo unos días antes de que expiraran sus prestaciones y su seguro médico.
CONFIANZAS ROTAS
Rose Zulliger, que trabajaba para la Iniciativa presidencial contra la Malaria como asesora técnica superior en malaria mientras era contratista de USAID, era una de ellas. Fue despedida la semana pasada con efecto inmediato y sus prestaciones terminaron unos días después, lo que la dejó luchando por encontrar un seguro antes de la amigdalectomía programada para su hija dentro de tres semanas.
“No se trata sólo del estrés personal de haber perdido mi trabajo (…) Es también la realidad de que la salud mundial tal y como la conocemos, y el trabajo que hacemos -salvar vidas y proteger a los estadounidenses- se ha puesto en pausa, y la confianza y las relaciones por las que hemos trabajado tan duro, que son tan esenciales para la influencia de Estados Unidos en la esfera mundial, se han roto”, dijo Zulliger.
En el año fiscal 2023, Estados Unidos desembolsó 72.000 millones de dólares de ayuda en todo el mundo para todo tipo de fines, desde la salud de las mujeres en zonas de conflicto hasta el acceso al agua potable, los tratamientos contra el VIH/SIDA, la seguridad energética y la lucha contra la corrupción. Aportó el 42% de toda la ayuda humanitaria de Naciones Unidas en 2024.
La financiación, menos del 1% de su presupuesto total, es fundamental en el esfuerzo de Washington por construir alianzas en todo el mundo, reforzar su diplomacia y contrarrestar la influencia de adversarios como China y Rusia en el mundo en desarrollo.
Esther Zeledon dijo que ella y su esposo perdieron el 95% de sus ingresos como resultado de los decretos de Trump sobre la ayuda al extranjero y las medidas de diversidad. Zeledón trabajaba a tiempo parcial como contratista de apoyo institucional para USAID y también tenía otros contratos, mientras que su esposo, Paul Rivera, era contratista de apoyo institucional a tiempo completo para la agencia.
No están seguros de si tendrán que mudarse con la madre y el padre de Zeledón en un par de meses y han estado discutiendo medidas como tomar dinero de su plan de jubilación para hacer frente a los pagos de los gastos continuos.
“Es horrible, porque habíamos planeado todo el año con nuestras finanzas… hay tanta incertidumbre”, dijo Zeledón.
El lunes, decenas de empleados de USAID, contratistas y legisladores demócratas protestaron frente a las oficinas de la agencia en Washington después de que se comunicó a los empleados que el edificio de la sede estaría cerrado durante todo el día.
Entre la multitud se encontraba Amanda Satterwhite, cuyo trabajo está en suspenso sin sueldo después de que la semana pasada recibió la orden de cesar como contratista independiente. Satterwhite identificaba grupos en el extranjero a los que USAID podía dirigir la ayuda en lugar de organizaciones de Estados Unidos, en un esfuerzo por gastar de forma más eficiente.
Satterwhite dijo que no está segura de cómo harán ella y su marido para pagar la hipoteca y que ya ha empezado a buscar un nuevo trabajo, porque “nadie está seguro de en qué estado va a volver el sector de la ayuda”.
(Información de Daphne Psaledakis y Humeyra Pamuk; Información adicional de Jonathan Landay; Edición en español de Javier López de Lérida)
