Por Tim Reid y Marisa Taylor
WASHINGTON, 5 feb (Reuters) – Con la rápida toma de control de dos agencias gubernamentales, el multimillonario de origen sudafricano Elon Musk ha conseguido un control sin precedentes sobre los 2,2 millones de empleados federales de Estados Unidos y ha iniciado una drástica remodelación del Gobierno.
El hombre más rico del mundo y aliado del presidente Donald Trump, Musk, de 53 años, ha creado en dos semanas un nuevo centro de poder en Washington, con el que ejecuta la iniciativa de recorte de gastos para reducir el tamaño del Gobierno.
Musk, CEO de Tesla y fundador de SpaceX, ha actuado con rapidez desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero, desplegando equipos de empleados y exempleados de sus empresas como agentes.
Las acciones de Musk han fomentado una ola de pánico entre los trabajadores del Gobierno y protestas públicas en Washington y, en ocasiones, han amenazado con eclipsar la propia agenda de Trump.
La guerra comercial con altibajos de Trump con Canadá y México compitió esta semana por un espacio en las portadas con el esfuerzo de Musk por cerrar USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional, la principal de ayuda humanitaria.
Los esfuerzos de Musk forman parte de una reestructuración masiva del Gobierno por parte de Trump, que ha despedido y marginado a cientos de funcionarios en sus primeras medidas para reducir la burocracia e instalar funcionarios leales.
Los estadounidenses están siendo testigos de “una extraordinaria centralización del poder en alguien que carece de una autorización de seguridad de alto nivel y no ha sido sometido a ningún proceso de confirmación del Senado”, dijo Don Moynihan, profesor de la Escuela Ford de Políticas Públicas de la Universidad de Michigan.
“Musk tiene un control centralizado y sin precedentes del entramado básico del Gobierno”, añadió.
No obstante, Musk opera con la venia de Trump. El presidente dijo a periodistas el lunes que el multimillonario tenía que pedir la aprobación de la Casa Blanca para cualquiera de sus acciones.
“Elon no puede hacer y no hará nada sin nuestra aprobación, y le daremos la aprobación, cuando sea apropiado; cuando no sea apropiado, no lo haremos. Pero él informa”, destacó.
A la pregunta de quién les preocupa más ante la perspectiva de ser despedidos, un empleado de la Administración de Servicios Generales que gestiona propiedades y servicios federales dijo: “Musk. Nadie habla realmente de Trump”.
Trump ha puesto a Musk al frente de lo que ambos llaman el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés). A pesar de su nombre, no es un departamento, Musk no cobra un sueldo del Gobierno, y su creación suscitó inmediatamente demandas de sindicatos gubernamentales, organismos de control y grupos de interés público.
No está claro quién compone exactamente el DOGE. El Gobierno no ha publicado una lista de empleados del DOGE, tampoco ha dicho cómo se les paga, cuántos han entrado en cada agencia y si son trabajadores federales, lo que plantea dudas sobre a quién deben rendir cuentas: a Musk o a Trump como jefe del poder ejecutivo.
Musk y sus lugartenientes del DOGE se han hecho con el control de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y la Administración General de Servicios (GSA), junto con sus sistemas informáticos.
La OPM es el brazo de recursos humanos del Gobierno de Estados Unidos, que supervisa a 2,2 millones de trabajadores del Gobierno. Desde allí se han enviado correos electrónicos en la última semana ofreciendo a los empleados federales incentivos económicos para que renuncien. La GSA supervisa la mayoría de los contratos gubernamentales y gestiona la propiedad federal.
Al menos cuatro colaboradores y excolaboradores de Musk forman parte de un equipo que se ha hecho cargo de la OPM, dejando fuera de sus propios sistemas informáticos a algunos altos directivos, informaron fuentes a Reuters. Musk visitó la GSA el jueves, dijo un funcionario, y los miembros de su equipo se trasladaron a la agencia.
El viernes, un equipo de Musk accedió al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, que envía más de 6 billones de dólares al año en nombre de las agencias federales y contiene la información personal de millones de estadounidenses que reciben pagos de la Seguridad Social, devoluciones de impuestos y otros dineros del Gobierno.
Michael Linden, funcionario de alto rango del expresidente Joe Biden en la Oficina de Gestión y Presupuesto, una poderosa agencia que supervisa el presupuesto federal, dijo que el acceso de los colaboradores de Musk a los sistemas de pago les da un poder potencial extraordinario.
“Podrían llegar a elegir qué pagos realiza el Gobierno federal”, dijo Linden en una entrevista.
Ni Musk ni la Casa Blanca respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Trump ha dicho en repetidas ocasiones que la burocracia federal está hinchada y es ineficiente, y que hay que reducirla, además acusa a muchos trabajadores federales de ser progresistas que intentan frustrar su agenda.
MUSK SE EXTRALIMITA
“Aquellos de nosotros que hemos trabajado en las empresas de Elon podemos ver sus huellas en todo lo que está sucediendo dentro del Gobierno federal en este momento”, dijo Thomas Moline, un exingeniero senior de aviónica de SpaceX.
“Es un asunto muy sobre la marcha, con los leales de Elon intentando ejecutar todos sus caprichos y deseos lo más rápido posible”.
Los expertos en gobernanza dicen que Musk parece haber ido ya más allá del mandato otorgado por el decreto que Trump firmó para crear DOGE el 20 de enero.
El mandato consideraba modernizar la tecnología y el software federales “para maximizar la eficiencia y la productividad gubernamentales”. Otras órdenes sobre la congelación de la contratación y el reclutamiento dicen que DOGE debe trabajar con otras agencias para hacer recomendaciones.
Musk y sus colaboradores parecen estar haciendo mucho más que simples recomendaciones.
Empleados de la DOGE se han enfrentado a funcionarios de seguridad por el acceso a información sensible en la sede de USAID en Washington y han participado activamente en la reducción de personal de la agencia.
El miedo se está apoderando de muchos funcionarios, que han acudido a Reddit, Signal y Facebook para informar de lo que ocurre dentro de sus agencias y debatir cómo responder. También advierten que el personal del DOGE está poniendo marcas de agua e incrustando identificadores como espacios adicionales en los correos electrónicos para localizar a presuntos filtradores.
Los detractores de Musk, entre ellos legisladores demócratas, le han acusado de tomar el poder de forma hostil. Los sindicatos de trabajadores federales presentaron una demanda para bloquear el acceso de Musk a sistemas informáticos sensibles.
“No tenemos una cuarta rama del gobierno llamada Elon Musk”, dijo a la prensa el representante demócrata por Maryland Jamie Raskin durante una protesta ante la sede de USAID.
Haciéndose eco del lenguaje que Musk usó cuando redujo la plantilla de Twitter tras comprar la empresa en 2022, se envió un correo electrónico a los empleados públicos titulado “Fork in the Road” (Bifurcación adelante) en el que se ofrecía la dimisión diferida, un plan para pagar a los trabajadores hasta septiembre si renunciaban antes del 6 de febrero.
Un segundo mensaje animaba a los funcionarios a buscar empleos más productivos en el sector privado. Los sindicatos de empleados federales han instado a no aceptar la oferta, advirtiendo de que podría no ser legal, ya que no está claro cómo se financiarían los pagos.
Los sindicatos que representan a los empleados presentaron el martes una demanda para bloquear el plan del Gobierno de ofrecer indemnizaciones, pese a que un funcionario estadounidense dijo a Reuters que más de 20.000 trabajadores planeaban renunciar.
Nick Bednar, profesor asociado de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, dijo que era profundamente preocupante que Musk y sus colaboradores tengan un poder tan enorme sobre el personal y los pagos federales “cuando aparentemente tienen muy poca responsabilidad”.
También es extraordinario que Musk, cuyas empresas tienen múltiples contratos con el Gobierno de Estados Unidos, haya sido puesto en una posición que plantearía tantas preguntas sobre conflictos de intereses, señaló Bednar.
(Reporte de Tim Reid; contribución de Jonathan Landay y Susan Heavey; edición en español de Javier López de Lérida)
