Por Andrew Chung
16 feb (Reuters) – El Gobierno del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en su intento de despedir al jefe de una agencia estadounidense independiente que protege a los denunciantes del gobierno, la primera batalla legal que lleva al máximo órgano judicial del país desde que asumió el cargo en enero.
El Departamento de Justicia pidió al tribunal que levante inmediatamente la orden de una jueza federal del 12 de febrero que bloqueó temporalmente la destitución de Hampton Dellinger como jefe de la Oficina del Asesor Especial mientras continúa el litigio en la disputa, según una copia de la presentación revisada por Reuters. El caso aún no ha sido registrado por el tribunal.
El caso podría ofrecer un anticipo de cómo la Corte Suprema verá los agresivos movimientos de Trump para rehacer el gobierno federal, incluyendo la eliminación de los jefes de agencias independientes. El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6-3 e incluye a tres miembros nombrados por Trump durante su primer mandato.
La acción de la jueza bloqueando el despido es un “asalto sin precedentes a la separación de poderes”, dijo la procuradora general interina Sarah Harris en la presentación.
“Este tribunal no debe permitir que tribunales inferiores se apoderen del poder ejecutivo dictando al presidente cuánto tiempo debe seguir empleando a un jefe de una agencia contra su voluntad”, escribió Harris.
Nombrado por el expresidente Joe Biden, el mandato de cinco años de Dellinger expiraba en 2029. Él demandó después de recibir un correo electrónico el 7 de febrero informándole que Trump lo había despedido del cargo, “con efecto inmediato”.
La demanda de Dellinger decía que Trump se excedió en su poder al pretender despedirlo, dado que la ley federal sólo permite la destitución por “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo”.
La “capacidad del Asesor Especial para proteger el servicio civil e investigar presuntas malas conductas es necesaria ahora más que nunca”, dijo la demanda de Dellinger. “Durante las tres semanas anteriores, un número sin precedentes de empleados federales con protecciones de servicio civil han sido despedidos sin causa”.
La jueza de distrito Amy Berman Jackson, de Washington D.C., dictó una orden de restricción temporal el 12 de febrero, restituyendo a Dellinger en su puesto a la espera de una nueva orden preliminar.
Jackson dijo que era probable que Dellinger prevaleciera en la demanda, dado que el intento de despedirlo sin identificar ninguna causa “contraviene claramente” las protecciones laborales del Asesor Especial en virtud de la legislación federal.
“Este lenguaje expresa la clara intención del Congreso de garantizar la independencia del Consejo Especial y aislar su trabajo de ser golpeado por los cambios políticos”, escribió Jackson en la orden.
El sábado, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso del Gobierno en una decisión por 2-1, alegando que era prematuro, dado que la orden de Jackson era sólo temporal.
La Oficina del Asesor Jurídico Especial permite a los denunciantes revelar presuntas conductas indebidas en los organismos federales e investiga las denuncias de represalias. También aplica una ley estadounidense conocida como Ley Hatch que limita la participación política de los empleados federales.
La medida de despedir a Dellinger fue la más reciente del Gobierno de Trump de expulsar a funcionarios que investigan irregularidades dentro del gobierno federal. El mes pasado, Trump despidió a 17 inspectores generales que actúan como vigilantes independientes dentro de sus agencias, sin dar ninguna razón.
(Reporte de Andrew Chung en Nueva York; reporte adicional de Andrew Goudsward en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
