GINEBRA, 26 feb (Reuters) – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a la comunidad internacional a pronunciarse a cerca de las violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, en su intento por consolidar aún más el poder, según un informe publicado el miércoles.
Ortega, un exrebelde de izquierda que llegó inicialmente al poder en 1979 y que regresó en 2007, ha estado extendiendo su control al permitir que su presidencia “coordine” los deberes judiciales y legislativos, además de ampliar el control estatal sobre los medios de comunicación.
El informe de la ONU acusa a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, quien se desempeña como copresidenta, de haber “transformado al país en un estado autoritario donde no quedan instituciones independientes”.
Expertos de la ONU instaron a que se tomen medidas legales contra Nicaragua, destacando patrones de abusos a los derechos humanos vinculados a la persecución política en el país latinoamericano, que aseguran sigue patrones que se han establecido previamente como crímenes contra la humanidad.
En el pasado, el gobierno de Ortega ha ignorado los informes de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), asegurando que son parte de una campaña internacional en su contra.
Nicaragua vivió en 2018 protestas masivas contra el Gobierno, cuando la represión de Ortega contra los disidentes se saldó con la muerte de más de 350 personas y desató la indignación internacional por los abusos a los derechos humanos.
El documento de la ONU también implicó al ejército nicaragüense en la violenta represión, contradiciendo negaciones anteriores.
REFORMA POLÍTICA
Una reforma constitucional de amplio alcance para acrecentar los poderes presidenciales sobre otras ramas del Gobierno, presentada en noviembre por Ortega, de 79 años, y en vigor desde principios de febrero, ha “eliminado lo poco que quedaba de los controles y contrapesos institucionales”, detalló el informe de Naciones Unidas.
La reforma, aprobada por los legisladores del Frente Sandinista de Ortega, que controla el Congreso, permite a cada copresidente nombrar a un número ilimitado de vicepresidentes, lo que ha generado especulaciones de que uno o más de los ocho hijos de Ortega y Murillo que viven en Nicaragua podrían eventualmente ser elegidos.
Las reformas han sido defendidas por los aliados del gobierno como una profundización a una revolución de casi 50 años, que comenzó en 1979 cuando Ortega y otros guerrilleros izquierdistas derrocaron a una dinastía familiar de derecha, que durante mucho tiempo actuó como un importante antagonista de la era de la Guerra Fría de Estados Unidos.
(Reporte de Emma Farge en Ginebra y Aida Pelaez-Fernandez en Ciudad de México; Editado por Laura Gottesdiener y Lizbeth Díaz)
