MADRID, 10 mar (Reuters) – Una jueza española puso el lunes bajo investigación a la exresponsable de los servicios de emergencia de Valencia en el marco de una investigación sobre quién es el culpable de la tardía alerta sobre las catastróficas inundaciones que causaron la muerte de al menos 225 personas, informó un tribunal regional.
Núria Ruiz, magistrada de un juzgado de Catarroja, una de las localidades afectadas, dijo que Salomé Pradas era la máxima autoridad de los servicios de emergencia.
La jueza añadió que el problema no radica en la ausencia de información, sino en que ante esa información, o bien se ignoró, o bien no se comprendió su alcance, o bien no se tomaron las decisiones pertinentes por quienes tenían potestad para tomarlas.
Las inundaciones repentinas del 29 de octubre arrastraron a personas en automóviles e inundaron aparcamientos subterráneos y viviendas de planta baja en las afueras de la tercera ciudad más grande de España, en una de las peores catástrofes naturales de su historia moderna. Tres personas siguen desaparecidas.
En un comunicado publicado en Facebook más tarde el lunes, Pradas afirmó que “siempre estaré a disposición de poder ayudar a que se conozca la verdad sobre las circunstancias que rodearon la gestión de la emergencia de la catástrofe natural”.
Los residentes locales han criticado duramente que las autoridades no advirtieran a tiempo a la población de los riesgos de la tormenta y sus consiguientes inundaciones.
Ruiz está investigando si existen indicios de delitos de homicidio y lesiones causadas por negligencia que puedan haber provocado muertes evitables.
Una alerta de texto enviada por la Generalitat Valenciana pasadas las 20.00 horas del día de las inundaciones advirtiendo a la gente de que se refugiara llegó cuando los edificios ya estaban bajo el agua y muchas personas se estaban ahogando.
Más de la mitad de los cadáveres recuperados de las inundaciones se encontraron en espacios cerrados, principalmente en el interior de viviendas y garajes, según el tribunal.
Ruiz dijo que la alerta “llegó tarde y mal” y que la reunión de coordinación de emergencia, que comenzó a las 17:00 horas, debería haberse convocado por la mañana.
La jueza rechazó la petición de que declarara el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a menos que decida hacerlo voluntariamente. Mazón, criticado por su gestión de la emergencia, tiene condición de aforado y solo puede ser investigado por un tribunal superior.
Cerca de 60.000 viviendas, unos 105.000 vehículos y más de 10.000 comercios resultaron destruidos o dañados, según datos del Gobierno. Esos daños no forman parte de la investigación judicial, ya que el juez dijo que eran inevitables.
(Información de Emma Pinedo; información adicional de Jesús Aguado; edición de Charlie Devereux y Bill Berkrot; edición en español de Mireia Merino)
