Por Brendan Pierson
11 mar (Reuters) – Una funcionaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha ordenado a sus empleados que destruyan un gran volumen de documentos, según una demanda presentada el martes por los sindicatos de empleados públicos, que piden a un juez que bloquee la medida.
En una moción presentada ante un tribunal federal de Washington D.C., los sindicatos citaron un correo electrónico de la secretaria ejecutiva en funciones de USAID, Erica Carr, en el que se ordenaba a los empleados que acudieran el martes a la oficina de la agencia para “limpiar las cajas fuertes clasificadas y los documentos del personal”.
“Trituren primero todos los documentos que puedan y reserven las bolsas para quemar para cuando la destructora no esté disponible o necesite un descanso”, escribió Carr en el correo electrónico, que se incluyó en la demanda. El correo electrónico no daba detalles sobre qué documentos debían triturarse.
Los sindicatos dijeron que la directiva “sugiere una rápida destrucción de los registros de la agencia a gran escala” que viola la ley federal de mantenimiento de registros y podría destruir pruebas en el caso que busca deshacer el desmantelamiento de USAID bajo el presidente Donald Trump.
La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, calificó las informaciones sobre la destrucción de documentos en la red social X de “histeria de noticias falsas” y escribió que los documentos eran “antiguos, en su mayoría contenido de cortesía (contenido de otras agencias), y los originales todavía existen en sistemas informáticos clasificados”.
Kelly también escribió que el edificio de la USAID pronto lo ocupará el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
La demanda fue presentada por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, que representan a los empleados del Gobierno, así como por la organización contra la pobreza Oxfam America. Alegan que Trump se extralimitó en su autoridad al cerrar casi por completo una agencia independiente creada por el Congreso, despidiendo o poniendo en excedencia a sus empleados y cancelando sus acuerdos con terceros asociados.
Los demandantes pidieron el martes al juez de distrito Carl Nichols una orden de restricción temporal que bloquee la destrucción de los registros. Afirmaron que, si finalmente se destrullen, la pérdida de registros vitales de personal o de otro tipo podría impedir a USAID reanudar sus operaciones.
En respuesta a la moción del martes, el juez ordenó a ambas partes que presentaran un informe de situación el miércoles por la mañana proponiendo un calendario para los escritos sobre la moción y señalando cualquier desacuerdo entre ellos.
Nichols, designado por Trump, permitió el mes pasado que el Gobierno siguiera adelante con su plan de poner de baja a más de 2.000 empleados de USAID. Bajo Trump, la agencia de ayuda exterior ha desechado más del 80% de sus programas y despedido a gran parte de su personal.
En una demanda separada presentada por contratistas y beneficiarios de subvenciones de USAID, un juez federal dictaminó el lunes que el Gobierno de Trump no puede negarse a gastar el dinero de ayuda exterior asignado por el Congreso, aunque el juez no llegó a restaurar los contratos cancelados. En ese caso, el Gobierno de Trump se ha resistido repetidamente a cumplir las órdenes judiciales de liberar los fondos congelados.
(Información de Brendan Pierson en Nueva York; edición de Alexia Garamfalvi y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
