Por Alfie Pannell
QUIBDÓ, Colombia, 18 mar (Reuters) – La suspensión global de la financiación de USAID está paralizando los programas de paz y contra las pandillas en los lugares más empobrecidos de Colombia, poniendo en peligro la implementación del acuerdo de paz del 2016 con las FARC, según funcionarios, personas que trabajan con la agencia y beneficiarios.
El congelamiento por parte de la administración de Donald Trump de casi toda la financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sumido en el caos a las iniciativas humanitarias en todo el mundo.
Colombia recibió en los últimos años hasta 440 millones de dólares anuales en asistencia de USAID para más de 80 programas, lo que la convierte en el mayor receptor de fondos de la agencia en el hemisferio occidental, según datos del Gobierno estadounidense.
Los recortes pondrán en peligro la implementación del acuerdo con la antigua guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que incluye esfuerzos para reducir la producción de cocaína, dijeron un exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, un legislador, un funcionario que trabajó en programas de USAID y otra fuente con conocimiento de la financiación.
La ayuda ha financiado programas de reintegración para antiguos guerrilleros, incluidos proyectos económicos para emplear a excombatientes. Incluso con el apoyo internacional para la reintegración, algunos rebeldes, alegando el incumplimiento del acuerdo con las FARC, comenzaron a regresar a los grupos armados ilegales desde el 2019.
Muchas regiones del país sudamericano de 50 millones de habitantes siguen asoladas por la violencia.
El presidente Gustavo Petro se comprometió a poner fin al conflicto interno armado del país, pero le quedan menos de 17 meses de mandato y aún no ha firmado ningún acuerdo de paz.
Los principales grupos armados, como los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las antiguas FARC que formaron organizaciones disidentes, se han fracturado internamente durante el mandato de Petro, obstaculizando la mayoría de las negociaciones.
Luis Gilberto Murillo, que hasta enero fue ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y antes fue embajador del país en Estados Unidos y asesor de USAID, dijo que los recortes afectarían a numerosas organizaciones dedicadas a los derechos humanos, la democracia, la consolidación de la paz y la ayuda a los pueblos indígenas y afrocolombianos.
“Yo creería que genera mayor riesgo de violencia y mayor vulnerabilidad porque el papel de esos programas de la USAID en esas zonas había sido determinante”, afirmó Murillo.
La producción y el tráfico de cocaína -realizados por una constelación de grupos rebeldes y bandas criminales descendientes de antiguos paramilitares- son uno de los principales motores de la violencia continuada.
RECURSOS FUNDAMENTALES PARA LA PAZ
Los principales destinos de la cocaína son Estados Unidos y Europa, y las sucesivas administraciones estadounidenses han presionado a Colombia para que reduzca su producción.
El Gobierno colombiano no respondió a una solicitud de comentarios sobre los recortes y su efecto en las perspectivas de paz. Tampoco lo hicieron USAID ni el Departamento de Estado.
Estados Unidos proporcionó el 42% de la ayuda exterior para la implementación del acuerdo -que incluye la reforma agraria y un sistema de justicia transicional para condenar a los excombatientes por crímenes de guerra- entre 2018 y 2024, por un total de unos 1.260 millones de dólares, según cifras del Gobierno de Colombia.
“Los recortes económicos de USAID tendrán un impacto negativo y significativo en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia”, afirmó James Hermenegildo Mosquera, miembro de la Cámara de Representantes por el departamento del Chocó y que ocupa un escaño especialmente reservado para las víctimas del conflicto.
Mosquera dijo que la reparación a las víctimas y la reforma agraria se verán afectadas “aumentando los riesgos de violencia derivados del narcotráfico”.
La analista senior de Crisis Group para Colombia, Elizabeth Dickinson, aseguró que “varios de los proyectos cancelados se centraban en ofrecer alternativas a antiguos campesinos que habían cultivado coca”.
El Gobierno colombiano se vio obligado a reducir el gasto el año pasado y Reuters no pudo determinar si el país recuperará la ayuda cancelada o la obtendrá de otros donantes.
Chocó, que tiene costas en el Caribe y en el Pacífico, además de límites con Panamá, ha sido durante mucho tiempo un centro estratégico para el narcotráfico y una parada para los migrantes que se dirigen al norte.
Es el departamento más pobre del país, según la agencia nacional de estadística, y está poblado principalmente por comunidades afrocolombianas e indígenas.
Luz Mely Moreno, de 25 años, ahora estudiante y quien creció en un barrio controlado por bandas de la capital departamental, Quibdó, dijo que estuvo a punto de unirse a un grupo criminal antes de participar en un programa antipandillas Jóvenes Resilientes, financiado por USAID.
La organización ha tenido contratos con USAID todos los años desde 2021, en su mayoría para programas categorizados como “conflicto, paz y seguridad” por un total de hasta 14,3 millones de dólares anuales. Estaba previsto que recibiera más de 3 millones de dólares de financiación en el 2025, pero en lugar de eso cerró sus puertas y despidió a todo su personal.
“Antes no estudiaba, antes no sabía qué quería hacer, era grosera, indisciplinada”, dijo Moreno a Reuters.
NUEVAS OPORTUNIDADES DE VIDA
La tutoría de Jóvenes Resilientes le dio la oportunidad de imaginar una vida diferente y ahora estudia psicología en una universidad local.
“Hoy soy una mujer que tiene logros y metas”, afirmó.
Moreno teme que sin el programa otros jóvenes se vean atraídos por las bandas: “me da miedo de que (…) recaigan en las drogas, recaigan en las bandas delincuenciales ya que nos quedamos sin una esperanza”.
La financiación de 60 millones de dólares para el “empoderamiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos en Centroamérica” fue citada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su reciente discurso ante el Congreso como un ejemplo de “despilfarro atroz”. Sin embargo, Colombia está ubicada en Sudamérica.
El programa mencionado por Trump es uno de los más exitosos de USAID en Colombia, según el excanciller Murillo, que es afrocolombiano y oriundo del departamento del Chocó.
Al menos dos miembros actuales del gabinete se han beneficiado de becas a través del programa, que ha tenido apoyo bipartidista de gobiernos estadounidenses desde la administración de George W. Bush, dijo.
“Los jóvenes quedan a merced y en estado de indefensión frente a los grupos ilegales”, opinó Wilmer Serna, coordinador de Jóvenes Resilientes, que también ofrecía oportunidades de emprendimiento, deportes y clases de música antes de cerrar. Serna aseguró que USAID era su única fuente de financiación.
Jóvenes Resilientes, que tenía 30 oficinas en todo el país, llegó a unos 60.000 jóvenes con sus programas, según un post en LinkedIn de su antiguo director, que no respondió a preguntas de Reuters.
La oficina de Quibdó rehabilitó a unos 200 pandilleros, dijo Serna, y los documentos de la organización muestran que ofreció oportunidades y tutoría a más de 3.100 jóvenes.
El alto al fuego entre tres bandas ha reducido a más de la mitad la tasa de homicidios en Quibdó desde diciembre, pero las autoridades afirman que los programas sociales como Jóvenes Resilientes son tan importantes como las negociaciones en curso para mantener la tregua en la ciudad más allá del 31 de marzo.
“Necesariamente hay que avanzar en ese camino de los diálogos sociojurídicos con las bandas, pero al mismo tiempo continuar con nosotros, las otras acciones desde lo social e incluso desde la convivencia”, dijo Francisco Vidal, secretario de gobierno del Chocó.
Miles de personas en el Chocó fueron desplazadas este año por los enfrentamientos entre los rebeldes del ELN y la banda criminal del Clan del Golfo.
La congelación de la ayuda debilita los esfuerzos de paz en el Chocó rural, dijo una fuente que trabajó en un programa de USAID implementando el acuerdo del 2016, y que advirtió sobre un posible aumento de la producción de cocaína y los flujos migratorios.
La fuente, que no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación, afirmó que era poco probable que otros grupos armados quieran negociar sus propios acuerdos de paz si el firmado con las FARC no se implementa en su totalidad.
(Reporte de Alfie Pannell. Reporte adicional de Julia Symmes Cobb y Luis Jaime Acosta en Bogota. Escrito por Luis Jaime Acosta)
