CIUDAD DE MÉXICO, 19 mar (Reuters) – La Fiscalía General de México acusó el miércoles a autoridades del estado occidental Jalisco de supuestas deficiencias e irregularidades al investigar un rancho donde fueron hallados cientos de prendas de ropa y restos humanos, mientras crece la indignación de activistas y ciudadanos respecto al caso.
En el recinto, ubicado a unos 60 kilómetros de Guadalajara, una de las tres principales ciudades del país, madres que buscan a sus hijos desaparecidos han denunciado haber hallado indicios que podrían indicar que el espacio era usado para incinerar y sepultar clandestinamente a personas.
En una concurrida rueda de prensa, el fiscal general, Alejandro Gertz, confirmó que se encontraron restos humanos en el lugar pero aclaró que todavía no hay un dictamen concluyente sobre su origen y la causa de muerte de aquellos a los que pertenecieron.
También señaló que “no hay elementos suficientes” para determinar que el rancho funcionaba como un “centro de exterminio” de un cártel del narcotráfico, como se ha especulado, ni que tuviera relación con otro del mismo nombre -“Izaguirre Ranch”- que se encuentra en Estados Unidos.
Otra teoría sin confirmar apunta a que el lugar era empleado como un “centro de entrenamiento” del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las mayores y más violentas bandas criminales de México.
Consultado por un periodista sobre si los fallos de los funcionarios estatales en las indagaciones podían deberse a incompetencia o a posibles lazos con el crimen organizado, Gertz respondió: “Son las dos (hipótesis) y puedo decir que nosotros tenemos que investigar las dos”.
Además, aclaró que la Fiscalía General espera recibir esta semana la carpeta de investigación de las autoridades de Jalisco para hacerse cargo del caso y detalló que en el proceso está abierta a la posible participación de expertos internacionales en la investigación.
El caso del rancho, hallado originalmente en octubre por efectivos de la Guardia Nacional pero que atrajo la atención de la opinión pública por una reciente visita de activistas al lugar, ha causado indignación en México, donde más de 124,000 personas están desaparecidas, según datos gubernamentales.
La mayoría de las víctimas son atribuidas a la violencia de los cárteles de la droga, pero también a posible represión de autoridades corruptas. El caso más emblemático es el de 43 estudiantes del estado sureño Guerrero que permanecen en paradero desconocido desde 2014.
La organización civil Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dijo el miércoles que el informe presentado por Gertz evidencia claramente que en el país las fiscalías locales están “claramente rebasadas” y son “incapaces”.
(Reporte de Lizbeth Díaz y Raúl Cortés Fernández.; Editado por Javier Leira)
