Por Luc Cohen y Ted Hesson
20 mar (Reuters) -La respuesta del Gobierno del presidente Donald Trump a una solicitud judicial de más detalles sobre la deportación de cientos de migrantes venezolanos fue “lamentablemente insuficiente”, dijo un juez el jueves.
El juez federal de distrito James Boasberg, en Washington, ordenó el miércoles al Gobierno que entregue detalles sobre cuándo despegaron y aterrizaron los vuelos de deportación para poder determinar si violaron su orden, o que invocara una doctrina legal que involucra secretos de estado para evitar compartir esos detalles y explicara sus razones para hacerlo.
Boasberg está sopesando si los funcionarios violaron su orden destinada a bloquear temporalmente las expulsiones. En una orden emitida el jueves, el juez pidió al Gobierno que explicara antes del 25 de marzo por qué no violaron su orden al no traer de vuelta a Estados Unidos a los inmigrantes deportados.
Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que los abogados del Gobierno presentaron su respuesta “a puerta cerrada”, lo que significa que la presentación no estaba en el expediente público, sino que se entregó al juez para que la revisara en su despacho.
El juez les había dado esta opción, que es común en casos que involucran asuntos delicados.
El miércoles, Boasberg expresó su escepticismo sobre la aplicabilidad de la doctrina de los secretos de Estado, que protege la información sensible de seguridad nacional para que no se divulgue en litigios civiles, dado que el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó detalles de los vuelos en las redes sociales.
La disputa entre el juez y la administración del presidente republicano llegó a un punto crítico el martes cuando Trump pidió la destitución de Boasberg por parte del Congreso, un proceso que podría sacarlo de su cargo, lo que provocó una rara reprimenda del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts.
El episodio ha suscitado preocupación entre los críticos de Trump y algunos expertos jurídicos sobre una potencial crisis constitucional si su administración desafía las decisiones judiciales. Según la Constitución de Estados Unidos, el ejecutivo y el poder judicial son ramas del Gobierno con el mismo poder.
(Reportaje de Luc Cohen en Nueva York y Ted Hesson en Washington, Edición de Alexia Garamfalvi, Will Dunham y Noeleen Walder. Editado en español por Javier López de Lérida y Javier Leira)
