MADRID, 26 mar (Reuters) – Grupos ecologistas y ciudadanos están demandando al Estado español y a la comunidad autónoma de Galicia en un caso histórico por la supuesta mala gestión de la contaminación causada por la cría intensiva de cerdos durante décadas, según informó el miércoles la organización sin ánimo de lucro ClientEarth.
La demanda, que argumenta que la inacción de las autoridades en el mayor país productor de carne porcina de Europa violó la legislación nacional y europea, fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la región noroccidental, donde se encuentra aproximadamente un tercio de las granjas porcinas de España.
ClientEarth, que se ha unido a Amigos de la Tierra España en la demanda, ha declarado que es la primera vez que un tribunal europeo se ocupa de un caso sobre el impacto de las explotaciones ganaderas intensivas en las fuentes de agua y, por consiguiente, en los derechos humanos de los residentes.
Hay unos nueve demandantes, entre los que se encuentran residentes y asociaciones.
La gente del noroeste de Galicia, en la zona de A Limia, dice que la vida se ha vuelto “inviable” debido a los cientos de granjas intensivas de cerdos y aves de corral, que según los denunciantes ponen en peligro la salud de su comunidad.
El hedor, que impide a los residentes abrir las ventanas de sus casas, es solo una parte del problema, según ellos.
Los productos químicos como los nitratos también se utilizan ampliamente en la agricultura industrial y a menudo acaban en las aguas subterráneas y en los embalses.
Alrededor de 20.000 personas viven en la zona afectada.
En la demanda se afirma que se ha registrado un nivel “extremadamente elevado” de nitratos, que suponen un riesgo de varios tipos de cáncer y otras enfermedades, en el embalse local, donde los estudios también han encontrado bacterias resistentes a los antibióticos y una sustancia extremadamente tóxica conocida como hepatotoxina.
“Estamos tan preocupados por la situación, que incluso la idea de caminar cerca del embalse resulta impensable”, dijo Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos local, según se cita en el comunicado.
Las autoridades locales no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los demandantes, entre los que se encuentra la organización de consumidores española CECU, decidieron llevar el caso a los tribunales después de que las autoridades siguieran dando el visto bueno a nuevas granjas a pesar de los repetidos intentos de los residentes para que abordaran la contaminación agrícola.
“Tanto la Constitución española como la legislación europea son inequívocas en su mandato: las autoridades tienen la obligación legal de proteger a la ciudadanía”, afirmó Nieves Noval, abogada de ClientEarth.
(Información de Emma Pinedo; edición de Andrei Khalip y Kate Mayberry; editado en español por Tomás Cobos)
