CIUDAD DE MÉXICO, 3 abr (Reuters) – Un grupo de expertos sobre Nicaragua de la ONU publicó el jueves un informe que identifica a decenas de funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos militares y miembros del partido gobernante, como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, abusos y crímenes que están alimentando una campaña de represión sistemática en el país centroamericano.
En un documento de 233 páginas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua reveló el funcionamiento de la cadena de mando y las estructuras que sofocaron las protestas antigubernamentales que estallaron en 2018 y que dejaron al menos 350 fallecidos y cientos de detenidos.
“Todas las 54 personas nombradas en el informe han desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y medios de comunicación, campañas de desnacionalización y confiscación de propiedad privada”, dice la nota de prensa.
El informe incluye diagramas detallados que mapean las relaciones entre actores dentro del aparato gobernante de Nicaragua y subraya cómo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo –quienes han asumido los títulos de “copresidentes” tras una reciente reforma constitucional– han construido un régimen centralizado y represivo que ha cooptado todas las ramas del Gobierno y difuminado los límites entre partido y Estado.
“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”, dijo Ariela Peralta, experta del Grupo. “Estos no son incidentes aleatorios o aislados, son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas”, agregó, citada en una nota de prensa.
Entre las personas mencionadas figuran el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el director nacional de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial de seguridad, Néstor Moncada; la fiscal general, Ana Julia Guido, entre otros.
La copresidenta Murillo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. El Ejército y la Fiscalía tampoco respondieron a solicitudes de comentarios.
Las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua no sólo dejaron un saldo de al menos 350 fallecidos, más de 2.000 heridos y centenas de miles de exiliados, sino que cientos de personas han sido deportadas o impedidas de ingresar al país desde entonces.
(Reporte de Gabriela Selser; Editado por Diego Oré)
