SAN JOSÉ, 7 abr (Reuters) -La Fiscalía General de Costa Rica presentó el lunes una acusación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por un supuesto esquema de corrupción en la contratación de una empresa que involucra al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Al mandatario y a su colaborador se les señala del delito de “concusión”, sancionado con penas de entre 2 y 8 años de cárcel y dirigido a funcionarios públicos que obliguen o induzcan a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial, dijo la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo con la tesis de los fiscales, un publicista que dio servicios a la Presidencia con financiamiento del BCIE, de nombre Christian Bulgarelli, fue obligado e inducido a otorgar un beneficio patrimonial indebido a un asesor y amigo íntimo de Chaves para la compra de un inmueble.
En junio de 2024, el banco centroamericano sancionó con un veto de siete años a Bulgarelli y su empresa por “prácticas prohibidas de fraude y colusión”.
En una respuesta a Reuters, el BCIE dijo que era “respetuoso de las decisiones soberanas de los Estados a los que sirve y colabora, y no interviene en sus asuntos internos”. Además, la institución con sede en Tegucigalpa agregó que los hallazgos de la investigación del año pasado fueron facilitados a la Fiscalía, “con quienes mantenemos la mayor disposición de colaboración en lo que sea requerido”.
La Presidencia costarricense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La acusación llega después de una manifestación en las calles liderada en marzo por Chaves contra el Poder Judicial, con cientos de seguidores exigiendo la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, quien está cargo de decenas de casos penales contra el mandatario.
En esas causas, que hasta el momento no han prosperado, el gobernante, ha sido denunciado por tráfico de influencias, abuso de poder e incumplimiento de deberes, entre otros cargos.
Díaz calificó la protesta como un intento de interrumpir el ejercicio de la justicia en las investigaciones contra Chaves, que el presidente ha tildado de “politiqueras”.
(Reporte de Álvaro Murillo; Escrito por Raúl Cortés Fernández; Editado por Manuel Farías y Diego Oré)
