Por John Kruzel y Andrew Chung
WASHINGTON, 10 abr (Reuters) – La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el jueves al Gobierno del presidente Donald Trump que facilite el regreso a Estados Unidos de un salvadoreño que el mismo Gobierno ha reconocido que fue deportado por error a El Salvador.
La decisión del tribunal se produjo después de que el Departamento de Justicia pidiera a los magistrados que anularan una orden del 4 de abril de la jueza de distrito de Estados Unidos Paula Xinis que exigía al Gobierno “facilitar y ejecutar” el regreso de Kilmar Abrego García. La jueza había emitido la orden en respuesta a una demanda presentada por Abrego García, un migrante salvadoreño que vivía en Maryland y tenía un permiso de trabajo desde 2019, y su familia desafiando la legalidad de su deportación.
El tribunal, en una decisión sin firma, dijo que la orden del juez “requiere adecuadamente que el Gobierno ‘facilite’ la liberación de Abrego García de la custodia en El Salvador y garantice que su caso sea manejado como lo habría sido si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador.”
El Gobierno, mientras tanto, “debe estar preparado para compartir lo que pueda en relación con las medidas que ha tomado y la perspectiva de nuevas medidas”, ordenó el tribunal.
Xinis, en una orden emitida a última hora del jueves tras el fallo de la Corte Suprema, dijo que Estados Unidos debe “tomar todas las medidas disponibles para facilitar el regreso de Ábrego García a Estados Unidos lo antes posible”.
Xinis fijó una audiencia en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland, para las 13.00 horas (1700 GMT) del viernes. La juez dijo que quiere oír de Estados Unidos qué medidas ha tomado, si es que ha tomado alguna, para facilitar el regreso de Ábrego García.
Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García, agradeció el fallo del tribunal, diciendo que “prevaleció el Estado de derecho”
Ábrego García fue interceptado y detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el 12 de marzo e interrogado sobre su presunta pertenencia a una banda. Fue deportado el 15 de marzo en uno de los tres vuelos de deportación de alto perfil a El Salvador que también incluían a presuntos miembros de bandas venezolanas.
Los abogados del Departamento de Justicia en un escrito ante la Corte Suprema habían argumentado que la orden del juez, al exigir al Gobierno de Trump que “efectuara” el regreso de Ábrego García, había invadido de manera inadmisible la autoridad presidencial sobre relaciones exteriores en violación de la separación de poderes de la Constitución de Estados Unidos entre sus ramas judicial y ejecutiva.
“Estados Unidos no controla la nación soberana de El Salvador, ni puede obligar a El Salvador a seguir las órdenes de un juez federal”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
El Gobierno de Trump deportó el 15 de marzo a más de 200 personas a El Salvador, donde están detenidas en la enorme prisión antiterrorista del país en virtud de un acuerdo en el que Estados Unidos paga 6 millones de dólares al Gobierno del presidente Nayib Bukele.
(Información de John Kruzel y Mike Scarcella en Washington, y Andrew Chung en Nueva York; edición de Will Dunham y Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
