BOSTON, EEUU, 12 abr (Reuters) – Profesores de la Universidad de Harvard están demandando para bloquear la revisión por parte del Gobierno de Donald Trump de casi 9.000 millones de dólares en contratos federales y subvenciones otorgadas como parte de una ofensiva contra lo que el presidente dice es el antisemitismo en los campus universitarios.
El capítulo de la facultad de Harvard de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y el brazo nacional de la organización académica dijeron en una demanda presentada el viernes en un tribunal federal de Boston que la administración estaba tratando de socavar ilegalmente la libertad académica y la libertad de expresión en el campus de la escuela.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que defiende las políticas de la administración en los tribunales, no respondió el sábado a una solicitud de comentarios. Harvard, en Cambridge, en el estado de Massachusetts, no quiso hacer comentarios.
Varias universidades de élite, incluida Harvard, han visto su financiación federal amenazada por la administración del presidente Donald Trump por las protestas propalestinas en los campus, así como por otras cuestiones como los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y las políticas transgénero.
Los Departamentos de Educación y Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos junto con la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos dijeron el 31 de marzo que se estaban revisando 255,6 millones de dólares en contratos entre Harvard, sus filiales y el gobierno federal, junto con 8.700 millones de dólares en compromisos de subvenciones plurianuales.
En una carta posterior, esos organismos exigieron a Harvard que cumpliera numerosas condiciones para seguir recibiendo fondos federales, entre ellas prohibir el uso de mascarillas, eliminar los programas de DEI y aceptar cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Muchos manifestantes propalestinos han llevado mascarillas durante las manifestaciones. La carta también decía que Harvard debe revisar y hacer cambios en los programas y departamentos que “alimentan el acoso antisemita” y responsabilizar a los estudiantes de las violaciones de la política.
“La Primera Enmienda no permite que los funcionarios del Gobierno utilicen el poder de su cargo para silenciar a los críticos y suprimir el discurso que no les gusta”, dijo Andrew Crespo, profesor de derecho de Harvard y asesor general del capítulo AAUP de la escuela, en un comunicado.
(Reporte de Nate Raymond en Boston; edición en español de Javier López de Lérida)
