SAN SALVADOR, 20 abr (Reuters) -El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso el domingo un acuerdo para enviar a Venezuela a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en su país, a cambio de liberar a detenidos en la nación sudamericana.
En una publicación en X, Bukele solicitó al presidente venezolano Nicolás Maduro que entregue a 252 de los cientos de apresados en Venezuela.
El mandatario salvadoreño dijo que su cancillería enviará una correspondencia formal a Venezuela.
Más tarde, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en un comunicado solicitó a El Salvador una lista completa de los venezolanos detenidos, su situación legal e informe médico.
Saab dijo que envió una comunicación al fiscal general de El Salvador para saber de qué delitos se acusa a los detenidos, si han comparecido ante un juez, si han tenido acceso a asistencia legal o si se les ha permitido contactar a sus familiares.
Agregó que la prisión donde están los deportados es “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana”, y reiteró su pedido a las organizaciones internacionales para que reclamen la liberación de los detenidos.
Bukele sugirió liberar al periodista Roland Carreño y a la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, así como a 50 detenidos de otras nacionalidades, incluyendo estadounidenses, alemanes y franceses, como parte de un intercambio humanitario
Adam Boehler, enviado especial de Estados Unidos para la respuesta a rehenes, apoyó la propuesta de Bukele en su cuenta en X y señaló que 10 estadounidenses se encontraban entre los 50 detenidos propuestos para el intercambio.
El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la propuesta de Bukele. Maduro y los funcionarios han calificado a Bukele de fascista.
El Gobierno venezolano ha señalado que en el país no hay presos políticos, sino encarcelados por diferentes delitos. Según las organizaciones no gubernamentales, al menos unas 800 personas están detenidas por razones políticas.
En marzo, el Gobierno del presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar con rapidez a quienes, según la Casa Blanca, eran miembros de la pandilla venezolana del Tren de Aragua. Más 200 personas, entre ellas venezolanos, fueron llevados a El Salvador a una prisión de alta seguridad.
El Gobierno venezolano ha señalado que las personas llevadas a El Salvador no tienen relación con la banda. Abogados y familiares de las personas enviadas al país centroamericano también niegan sus vínculos con pandillas.
La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió temporalmente el sábado a la administración Trump deportar a un grupo de migrantes acusados de ser pandilleros. Esta suspensión se produjo luego que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) solicitara a la corte su intervención de emergencia.
La administración Trump presionó a la Corte Suprema para que rechazara la solicitud de la ACLU, una vez que revisaran el asunto más a fondo. Funcionarios de la Casa Blanca aún no han dado indicios si desafiarán a la corte.
(Reporte de Nelson Renteria en San Salvador. Escrito por Natalia Siniawski. Editado por Mayela Armas.)
