Por Luc Cohen
22 abr (Reuters) – Una jueza federal de Colorado ordenó el martes al gobierno del presidente Donald Trump que notifique a los migrantes venezolanos detenidos en ese estado 21 días antes de su deportación en virtud de una ley utilizada sólo en tiempos de guerra, y que les informe de su derecho a impugnar su expulsión.
En un fallo escrito que mantiene el bloqueo temporal de las deportaciones en Colorado en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la jueza de distrito Charlotte Sweeney dijo que el Gobierno debe informar a los inmigrantes, en un idioma que entiendan, de que tienen derecho a consultar a un abogado.
Durante una vista celebrada el lunes, Sweeney se mostró escéptica ante la posibilidad de que el aviso de 24 horas que la administración se había comprometido a proporcionar cumpla la orden dictada el 7 de abril por la Corte Suprema, que exige que los inmigrantes tengan la oportunidad de impugnar sus expulsiones ante los tribunales.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las deportaciones son parte del enfoque de línea dura del presidente republicano hacia la inmigración desde que regresó al cargo en enero. Trump fue elegido para un segundo mandato como presidente en noviembre, tras una campaña en la que prometió intensificar las deportaciones.
En una publicación en las redes sociales el lunes, Trump dijo que el gobierno “no puede dar a todos un juicio” antes de deportarlos. “Necesitaríamos cientos de miles de juicios para los cientos de miles de Ilegales que estamos enviando fuera del país. Tal cosa no es posible de hacer”, escribió.
Trump invocó el 15 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros en un intento de deportar rápidamente a presuntos miembros de la banda venezolana del Tren de Aragua, que su administración ha designado como organización terrorista extranjera, al margen de los procedimientos normales de inmigración.
Los familiares de muchos de los cientos de venezolanos deportados y sus abogados han negado que sean miembros del Tren de Aragua y afirmaron que nunca se les dio la oportunidad de rebatir las acusaciones formuladas por el gobierno.
(Editado en español por Ricardo Figueroa)
