By Inti Landauro
MADRID (Reuters) -España ha ordenado a Airbnb que retire de su plataforma más de 65.000 anuncios de alquileres vacacionales que infringían las normas vigentes, en el marco de una ofensiva general contra una plataforma a la que se culpa de contribuir a la crisis inmobiliaria del país.
La mayoría de los anuncios de Airbnb que se bloquearán no incluyen su número de licencia, mientras que otros no especifican si el propietario es una persona física o jurídica, dijo el Ministerio de Consumo en un comunicado el lunes.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha dicho que su objetivo es acabar con el “descontrol” general y la “ilegalidad” en el negocio del alquiler vacacional.
“Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda”, dijo a los periodistas.
El Gobierno español, así como ayuntamientos y autoridades regionales, han emprendido una ofensiva general contra los alquileres turísticos a través de sitios como Airbnb y Booking.com, que, según muchos españoles, están generando un exceso de turismo, reduciendo la oferta de vivienda y haciendo inasequibles los alquileres para la población local.
La vivienda se ha convertido en un problema importante en España, ya que la construcción no ha podido seguir el ritmo de la demanda desde que estalló una burbuja de la construcción hace más de 15 años.
Según datos oficiales, en noviembre del año pasado había en España unas 321.000 viviendas con licencia de alquiler vacacional, un 15% más que en 2020. Muchas más operan sin licencias oficiales.
El Ministerio de Consumo abrió una investigación sobre Airbnb en diciembre.
Un portavoz de Airbnb no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el lunes.
En diciembre, la empresa dijo que siempre pedía a los anfitriones que confirmaran que tenían permiso para alquilar sus locales y que cumplían todas las normas locales. La empresa también afirmó que el ministerio no había facilitado listas de alojamientos que no cumplían la normativa y que muchos propietarios no necesitan licencia para alquilar sus viviendas.
La empresa dijo que el ministerio no tenía autoridad para dictar resoluciones sobre alquileres a corto plazo y que estaba haciendo caso omiso de sentencias judiciales que especificaban que Airbnb era una empresa digital, no inmobiliaria.
Bustinduy dijo que la orden del lunes contaba con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan para aumentar los impuestos sobre los ingresos procedentes del alquiler vacacional a través de plataformas.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tomó la medida más dura adoptada hasta ahora en España en junio del año pasado, cuando ordenó la prohibición total del alquiler turístico para 2028.
Otros países europeos como Croacia e Italia también han actuado para frenar el negocio del alquiler vacacional.
(Información de Inti Landauro y Corina Pons; edición de Ros Russell y Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)
