Por Ted Hesson
WASHINGTON (Reuters) – La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes al Gobierno de Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) de unos 350.000 venezolanos que viven en el país.
¿QUÉ ES EL ESTATUS DE PROTECCIÓN TEMPORAL?
El Estatus de Protección Temporal proporciona alivio de deportación y permisos de trabajo a las personas que ya están en Estados Unidos si sus países de origen experimentan un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario.
El secretario de Seguridad Nacional tiene autoridad para conceder el TPS a personas de países específicos en incrementos de seis a 18 meses. Dos meses antes de que expire el estatus, el secretario debe determinar si lo renueva, lo amplía para incluir a los recién llegados del país o lo termina.
Aunque el estatus es temporal por naturaleza, muchas designaciones se han renovado durante décadas. El TPS, cuyo origen es un programa creado por el Congreso en 1990 tras el aumento de inmigrantes que huían de la guerra civil en El Salvador, no ofrece una vía hacia la ciudadanía, lo que deja a muchas personas en la provisionalidad durante años o décadas.
¿CÓMO ABORDÓ TRUMP EL TPS EN SU PRIMER MANDATO?
Durante su primera gestión, Trump trató de poner fin a la mayoría de las inscripciones en el TPS, como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración legal e ilegal.
El Gobierno iniciado en enero de 2017 se movió para poner fin al TPS para alrededor de 400,000 personas de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, que constituían la gran mayoría de los inscritos en el programa.
Sin embargo, los tribunales federales bloquearon el intento, manteniendo las designaciones de TPS en vigor durante todo el primer mandato del republicano, que finalizó en 2021.
¿QUÉ OCURRIÓ CON BIDEN?
Joe Biden, un demócrata que asumió el cargo en 2021, buscó preservar la inscripción existente de TPS y expandir el programa para incluir a cientos de miles de migrantes de otras naciones, otorgando el estatus a personas de Afganistán, Camerún, Etiopía, Líbano, Myanmar, Ucrania y Venezuela, al tiempo que ampliaba la elegibilidad para los haitianos y otros.
Los venezolanos constituían el grupo más numeroso, con más de 600.000 personas que podían acogerse a la protección al final del mandato de Biden. Unos 17 países tenían TPS al final de la presidencia del demócrata, frente a 10 en 2020.
En los días previos a que Biden dejara el cargo, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, concedió 18 meses adicionales de TPS a inmigrantes de El Salvador, Sudán, Ucrania y Venezuela, una medida sin precedentes aparentemente para ayudarles a permanecer en el país tras la llegada de Trump.
¿QUÉ HA HECHO TRUMP HASTA AHORA?
Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, rescindió la extensión del TPS para venezolanos de la era Biden poco más de una semana después de que Trump asumiera el cargo, diciendo que la nueva administración no quería estar obligada por la decisión de última hora de Mayorkas y quería erradicar a los presuntos miembros de bandas venezolanas.
La funcionaria puso fin al TPS para unos 348.000 venezolanos a principios de febrero, poniéndolos en trayectoria de perder las protecciones de la deportación y los permisos de trabajo en abril. El resto de los aproximadamente 600.000 venezolanos tienen protecciones que expiran en septiembre, lo que significa que Noem tomaría esa decisión en julio.
Noem ha rescindido la prórroga del TPS de la era Biden para 521.000 haitianos, de modo que las protecciones expirarían en agosto, salvo moratoria. Ha tomado medidas similares para afganos y cameruneses.
La orden de la Corte Suprema del lunes podría hacer que los jueces de los tribunales inferiores se muestren más proclives a permitir que se lleven a cabo las expulsiones aunque sean impugnadas ante los juzgados.
¿CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA?
Se han presentado al menos cuatro demandas contra las medidas de Noem para retirar la protección del TPS a venezolanos y haitianos.
En marzo, un juez federal de San Francisco bloqueó la supresión del TPS para Venezuela, alegando que la descripción de los inmigrantes como delincuentes por parte del Gobierno “huele a racismo”. En abril, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se negó a pausar la orden del tribunal inferior.
El Gobierno apeló ante la Corte Suprema, que el lunes emitió la orden que permite que la terminación siga adelante mientras continúa el litigio.
Los grupos conservadores y los republicanos han respaldado en general los esfuerzos de Trump para poner fin al TPS, diciendo que debería usarse para el alivio a corto plazo y no renovarse durante décadas.
Pero la representante federal republicana María Salazar, cuyo distrito del sur de Florida es hogar de cubanos y venezolanos que se oponen al gobierno socialista de Caracas, copatrocinó un proyecto de ley bipartidista este mes que otorgaría a los venezolanos 18 meses adicionales de TPS.
(Reporte de Ted Hesson; Reporte adicional de Andrew Chung; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)
