Por Nate Raymond y Ernest Scheyder
(Reuters) – La Corte Suprema de Estados Unidos dio un espaldarazo el martes a los planes de una de las mayores minas de cobre del mundo, al negarse a admitir a trámite la petición de un grupo indígena para impedir que Rio Tinto y BHP se hicieran con el control de unas tierras usadas por mucho tiempo para rituales apaches.
Los jueces rechazaron la apelación de Apache Stronghold, un grupo de defensa que incluye a la tribu apache San Carlos de Arizona y a conservacionistas, contra la sentencia de un tribunal inferior que permitía al gobierno federal intercambiar acres con las empresas mineras para el proyecto Resolution Copper.
El Gobierno de Estados Unidos, que ha argumentado en el caso que puede hacer lo que quiera con los terrenos de propiedad federal, ahora es libre de iniciar un proceso para el próximo mes que daría a las empresas acceso a las tierras ricas en cobre.
El Gobierno de Donald Trump ha tratado de proceder con la transferencia de tierras y permitir el desarrollo de la mina. El 9 de mayo, un juez federal de Arizona había bloqueado temporalmente esa posibilidad, a la espera del resultado de la apelación ante la Corte Suprema.
Apache Stronghold presentó una demanda en 2021 para intentar bloquear el proyecto. Argumentó que, al destruir un lugar de importancia religiosa, viola las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución para el libre ejercicio de la religión, así como una ley federal de 1993 llamada Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
El yacimiento se asienta sobre una reserva de más de 18,1 millones de toneladas de cobre, un componente crucial de los vehículos eléctricos y de casi todos los dispositivos electrónicos.
El proyecto pertenece en un 55% a la minera británico-australiana Rio y en un 45% a la australiana BHP. Rio es el operador del proyecto.
Ambas empresas han gastado más de 2.000 millones de dólares en el proyecto sin producir aún cobre.
Rio acogió con satisfacción la decisión del tribunal. “La mina Resolution Copper es vital para garantizar el futuro energético de Estados Unidos, sus necesidades de infraestructuras y su defensa nacional”, declaró Vicky Peacey, la ejecutiva que dirige el proyecto.
Hay otros dos recursos judiciales en curso, uno de la propia tribu apache de San Carlos y otro del Centro para la Diversidad Biológica, que se opone a la mina por motivos medioambientales.
(Reporte de Nate Raymond en Boston y Ernest Scheyder en Houston; Editado en español por Javier Leira)
