Por David Latona
MADRID, 24 jul (Reuters) – Una diputada de la cúpula del opositor Partido Popular (PP) español dimitió el miércoles tras admitir haber facilitado “información incorrecta” sobre su titulación universitaria.
Noelia Núñez, de 33 años, fue nombrada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vicesecretaria nacional del partido en 2023. Era una estrella emergente en la política madrileña, en parte debido a su atractivo como conservadora joven y conocedora de las redes sociales.
Sin embargo, Núñez se convirtió en el centro de la polémica esta semana después de que medios de comunicación locales informaran de incoherencias entre sus cualificaciones declaradas públicamente y los registros oficiales.
En su currículum, publicado en el portal de transparencia de la Cámara Baja, Núñez figuraba como doble licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. También afirmaba ser licenciada en Filología Inglesa por la UNED y en Derecho por la University of Central Missouri.
Tras el escrutinio mediático y las publicaciones virales en la red social X del ministro de Transportes, Óscar Puente, que arrojaban sospechas sobre sus credenciales, Núñez admitió el martes que aún no había completado ninguna titulación, pero que quería retomar sus estudios y que “nunca he tenido intención de engañar a nadie”.
Tras reunirse con Feijóo el miércoles, decidió renunciar al liderazgo del partido y a sus dos cargos de diputada nacional y concejala en Fuenlabrada, un municipio de Madrid.
“Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente”, escribió en una carta abierta. “Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política”.
El escándalo se produce en un momento en que los dos principales partidos españoles se enfrentan a una serie de acusaciones de corrupción e investigaciones judiciales.
Altos cargos del círculo íntimo del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, habrían dirigido una trama de comisiones ilegales vinculada a contratos públicos en el Ministerio de Transportes y su antigua mano derecha se encuentra en prisión preventiva.
Mientras tanto, un juez investiga si un bufete de abogados fundado por el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro cobró grandes sumas a empresas para obtener reformas legales a medida durante su mandato. Más de 150 cargos electos del PP están implicados en 28 juicios por corrupción pendientes, la mayoría de los cuales está previsto que comiencen después del verano.
(Información de David Latona; edición de Cynthia Osterman; editado en español por Irene Martínez)
