Por Dietrich Knauth
NUEVA YORK, 25 jul (Reuters) – El Gobierno de Donald Trump acordó el viernes suspender los esfuerzos para bloquear el acceso de los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos a ciertos servicios sociales financiados con fondos federales en 20 estados liderados por demócratas que demandaron por los cambios de política.
Los Departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Educación y Trabajo acordaron esperar al menos hasta el 3 de septiembre para aplicar los cambios que afectan a los programas de educación infantil, alimentación y asistencia sanitaria.
Las agencias también acordaron no aplicar los cambios con carácter retroactivo en Nueva York, California, Illinois o los otros estados que demandaron, según un acuerdo presentado en el tribunal federal de Rhode Island, donde los estados habían presentado su demanda.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que el acuerdo preserva los servicios sociales “de los que millones de neoyorquinos dependen para sobrevivir”.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Más de 20 fiscales generales demócratas habían demandado el lunes argumentando que las políticas, que implementan un decreto de Trump centrado en la inmigración, son inconstitucionales y que el presidente republicano las emitió sin seguir el proceso de reglamentación federal requerido.
Los cambios de política requieren que los programas verifiquen el estado migratorio de los participantes antes de dar acceso a servicios públicos esenciales como programas de bienestar infantil, refugios de violencia doméstica, asistencia para la vivienda, tratamiento de salud mental, bancos de alimentos y centros de salud comunitarios.
Los estados dijeron que las directivas amenazaban con retirar la financiación federal a los estados y podrían obligar a algunos programas a cerrar por completo.
Los estados siempre han necesitado verificar el estatus migratorio legal de una persona antes de permitirle acceder a ciertos programas federales, como Medicaid.
Pero las agencias federales han tomado previamente la posición de que los estados no tienen que verificar el estatus migratorio de algunos programas, como comedores de beneficencia, refugios para desamparados y centros de asesoramiento de crisis, que recibieron fondos federales, pero estaban destinados a ser “abiertos a todos”, según la demanda.
(Reporte de Dietrich Knauth en Nueva York y Diana Novak Jones en Chicago. Editado en español por Javier Leira)
