Por Gram Slattery y Ted Hesson
WASHINGTON, 1 ago (Reuters) – El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene previsto destinar hasta 7,85 millones de dólares para ayudar a Costa Rica a deportar inmigrantes, según un documento al que tuvo acceso Reuters, en virtud de un acuerdo del período del expresidente Joe Biden, el que suscitó críticas de los defensores de los inmigrantes.
Según el documento, el Departamento de Estado transferirá dinero de su “fondo de apoyo económico” -que normalmente usa para impulsar el desarrollo económico en países aliados- al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa la aplicación de las leyes de inmigración.
El DHS trabajará entonces con las autoridades costarricenses para facilitar las deportaciones desde el país centroamericano.
A principios de año, Costa Rica accedió a una petición del Gobierno Trump para que aceptara a 200 inmigrantes originarios de África, Asia y Europa que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.
Si bien el plan era que Costa Rica devolviera a esos inmigrantes a sus países de origen, decenas permanecen en el país centroamericano.
Al pedírsele un comentario, el Departamento de Estado sugirió que los nuevos fondos estaban destinados principalmente a ayudar a Costa Rica a deportar a los inmigrantes que pasan por el país de camino a Estados Unidos, en lugar de repatriar a los inmigrantes deportados desde Estados Unidos.
“El programa reforzará la capacidad de las autoridades de inmigración costarricenses para detener el flujo de inmigración ilegal a través de sus fronteras, al tiempo que proporcionará formación y recursos para la selección de solicitantes de asilo”, dijo un portavoz.
Aunque el documento daba detalles de la transferencia de dinero prevista, no quedaba claro cuándo se llevaría a cabo el esfuerzo de deportación o si podría estar sujeto a cambios.
“El Departamento tiene la intención de apoyar al Gobierno de Costa Rica en la realización de operaciones de deportación de migrantes que no tienen protecciones internacionales u otros motivos legales para permanecer”, dice el documento, que fue enviado en las últimas semanas a algunas oficinas del Congreso.
“Las actividades proporcionarían a Costa Rica asesoría técnica y apoyo logístico, incluyendo transporte aéreo, para los procedimientos de deportación”
Los ministerios de Seguridad Pública e Inmigración de Costa Rica remitieron las preguntas a la oficina del presidente y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ninguna de las dos entidades respondió a las solicitudes de comentarios.
(Información de Gram Slattery y Ted Hesson en Washington; Información adicional de Alvaro Murillo en San José; Edición de Don Durfee, Alistair Bell y Michael Perry)
