BRASILIA, 3 sep (Reuters) -Un abogado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo el miércoles que a su cliente se le restringió el derecho de defensa en el caso en el que está acusado de planear un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.
El abogado Celso Vilardi presentó sus argumentos en una sesión del Supremo Tribunal Federal de Brasil mientras el juicio llega a su fase final. Añadió que no hay pruebas de que el líder derechista actuara contra el estado democrático de derecho.
“No tuvimos acceso a las pruebas, y mucho menos tuvimos tiempo suficiente para examinarlas”, dijo Vilardi, quejándose de que el tribunal haya acelerado los procedimientos.
Medios locales y seguidores de Bolsonaro afirman que el tribunal parece estar agilizando los procedimientos para garantizar que el juicio no se solape con la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2026. Alexandre de Moraes, el juez a cargo del caso, ha negado estas afirmaciones.
La fase final del juicio, que por primera vez podría enviar a prisión a un expresidente brasileño por amenazar la democracia, comenzó el martes y se espera que concluya a finales de la próxima semana.
Paulo Amador da Cunha Bueno, uno de los abogados de Bolsonaro, declaró a Reuters que el expresidente no asistirá a ninguna de las sesiones del juicio.
Al abrir la sesión el martes, Moraes afirmó que una “organización criminal” había intentado coaccionar al tribunal para que se sometiera al “escrutinio de un Estado extranjero”, en referencia a los aranceles de Estados Unidos contra Brasil por lo que el presidente Donald Trump califica como “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.
Sin embargo, añadió, estos esfuerzos no afectarían la decisión del tribunal porque “la soberanía nacional no puede, no debe y nunca será vilipendiada, negociada ni extorsionada”.
Bolsonaro siempre ha negado haber intentado derrocar la democracia brasileña, pero reconoció en una declaración jurada que participó en reuniones para buscar maneras de revertir el resultado de las elecciones de 2022.
La fiscalía también ha vinculado a Bolsonaro con los disturbios en Brasilia en enero de 2023, cuando miles de sus partidarios invadieron y vandalizaron el edificio del Congreso, el palacio presidencial y la corte suprema.
La pena máxima combinada por los delitos de los que se acusa a Bolsonaro en Brasil podría superar los 40 años de prisión.
Pero Vilardi dijo que el STF carece de pruebas para condenar a Bolsonaro, argumentando que la fiscalía no demostró su conexión con los alborotadores y que el principal denunciante del caso, un exasesor del líder de derecha, había cambiado su testimonio varias veces.
En estas circunstancias, afirmó, acusar a Bolsonaro de delitos que podrían conllevar una pena de 30 años de prisión “no es razonable”.
(Reporte de Ricardo Brito y Luciana Magalhaes; editado en español por Javier Leira)
