Por Tom Hals
WILMINGTON, DELAWARE, EEUU, 4 sep (Reuters) – El ejército estadounidense causó la muerte esta semana de 11 personas a bordo de un buque en el Caribe que, según el presidente Donald Trump, transportaba narcóticos ilegales y pertenecía a un cártel de la droga al que designó organización terrorista responsable de asesinatos en Estados Unidos.
A continuación, un vistazo sobre la legalidad de la operación.
PODER PRESIDENCIAL PARA USAR EL EJÉRCITO
Según la Constitución, la facultad de declarar la guerra corresponde al Congreso, pero el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y presidentes de ambos partidos han llevado a cabo ataques militares en el extranjero sin la aprobación del Congreso.
Los presidentes han justificado el uso de la fuerza militar en acciones limitadas en el extranjero cuando era de interés nacional, no estaba restringido por el Congreso y no alcanzaba el nivel de guerra, según un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica, que asesora al presidente.
¿FUE LEGAL EL ATAQUE SEGÚN LA LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE?
Por lo general, los presidentes han ordenado ataques contra combatientes enemigos, grupos terroristas como Al Qaeda o militantes como los hutíes en Yemen, que atacaron buques estadounidenses.
El ataque del martes marca un cambio en el uso del ejército. Trump dijo en una publicación en las redes sociales que el barco transportaba narcóticos ilegales, que normalmente sería responsabilidad de la Guardia Costera estadounidense interceptar. Si la Guardia Costera hubiera recibido disparos al intentar detener la embarcación, los miembros de la Guardia Costera estarían justificados para defenderse, según los expertos jurídicos.
Sin embargo, Trump publicó un vídeo en las redes sociales que parecía mostrar cómo una lancha a toda velocidad era destruida por un ataque aéreo.
La administración no proporcionó ninguna prueba de que Estados Unidos estuviera bajo amenaza inminente de ataque, de que el barco estuviera armado y no identificó objetivos en el barco que fueran críticos para un ataque terrorista, como han hecho presidentes anteriores en ataques similares. El cártel de la droga Tren de Aragua – que según Trump operaba el navío – no está en guerra activa con Estados Unidos del mismo modo que otros grupos terroristas, como Al Qaeda.
A los ojos de muchas personas en todo el mundo, los que estaban en el barco eran civiles y el ataque será visto como una ejecución extrajudicial, dijeron expertos legales.
¿QUÉ OCURRE CON EL DERECHO INTERNACIONAL?
La Carta de Naciones Unidas establece que, en la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, los miembros deben abstenerse de amenazar o usar la fuerza contra otros países. La Carta también reconoce el derecho de los Estados miembros a la legítima defensa.
Estados Unidos puede argumentar que estaba tomando medidas “anticipatorias” de autodefensa y Trump dijo que el Tren de Aragua estaba bajo el control del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Sin embargo, eso no se ajusta al derecho internacional sin pruebas de un ataque inminente o de ataques anteriores por parte del Tren de Aragua, según expertos legales.
Además, las autoridades venezolanas han negado que el grupo esté activo en el país. Expertos legales dijeron que el derecho de autodefensa contra actores no estatales es un tema de debate en el derecho internacional.
Funcionarios de la administración Trump dijeron que el buque estaba en aguas internacionales, aunque si hubiera sido un buque de bandera significaría que el ataque se considera que se produjo en el territorio de ese país. Eso representaría una potencial escalada mayor. Los funcionarios de la administración no han dicho si el buque tenía bandera.
¿QUIÉN PUEDE IMPUGNAR LA LEGALIDAD DEL ATAQUE?
Dado que el régimen de Venezuela y el Tren de Aragua son parias internacionales, es posible que quienes se oponen al ataque no quieran impugnarlo.
Sin embargo, eso podría cambiar si se llevan a cabo más ataques, como han dicho funcionarios del Pentágono.
Los desafíos legales en los tribunales estadounidenses contra la autoridad del presidente para llevar a cabo el ataque probablemente se enfrentarán a grandes obstáculos. Los tribunales estadounidenses suelen ceder ante el presidente en asuntos de relaciones exteriores y seguridad.
Las familias de las víctimas podrían intentar presentar una demanda civil por daños y perjuicios contra la administración en Estados Unidos, aunque ello requeriría años de litigios potencialmente costosos.
Estos ataques conllevan el riesgo legal de que la administración mate a un ciudadano estadounidense. El gobierno del presidente Barack Obama dijo que tenía autoridad para matar a un militante de Al Qaeda nacido en Estados Unidos, Anwar al-Awlaki, porque era el “líder operativo” de una “fuerza enemiga” que suponía una amenaza inminente y continuada.
El mortífero ataque con drones dio lugar a litigios en Estados Unidos.
El ataque podría impugnarse ante un tribunal internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha llevado a algunos países a reconocer abusos cometidos en el pasado, aunque Estados Unidos no es parte en el tribunal.
Aunque el ataque podría no dar lugar a impugnaciones legales exitosas, podría agriar las relaciones internacionales de Estados Unidos y dificultar la asociación de Washington con otros países en materia de políticas de drogas e inmigración, señalaron expertos jurídicos.
(Reporte de Tom Hals en Wilmington; Edición de Amy Stevens y Nick Zieminski. Editado en español por Natalia Ramos)
