Por Luis Jaime Acosta y Julia Symmes Cobb
BOGOTÁ, 16 sep (Reuters) – Un tribunal especial de paz de Colombia condenó el martes a siete exlíderes de la antigua guerrilla de las FARC a una sentencia máxima de ocho años de trabajos de reparación por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado en el país sudamericano.
Las condenas contra los máximos comandantes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que reconocieron su responsabilidad, son las primeras sanciones individuales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar a antiguos líderes rebeldes, a efectivos de las Fuerzas Militares y a civiles por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre los condenados se encuentra el máximo excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra como “Timochenko”, y los miembros del secretariado Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda.
El secretariado era la máxima dirección responsable de las decisiones militares y políticas del grupo rebelde. Más de 4.325 víctimas de secuestros se acreditaron ante la JEP, creada con el histórico acuerdo de paz de 2016 y que permitió la desmovilización de 13.000 integrantes de las FARC.
“Se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia se les impone la máxima sanción imponible en este tipo de justicia, esto es ocho años de sanción propia”, dijo el magistrado Camilo Andrés Suárez al leer un resumen de la sentencia de 663 páginas que ordenó trabajos en búsqueda de personas desaparecidas, desminado, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica.
“Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento, es la voz que reconoce a la sociedad colombiana y al mundo que lo que ocurrió fue injustificable e inhumano, una sentencia que no solamente marca el cierre de un capítulo judicial, sino que abre una página nueva para la memoria, la justicia y la paz de nuestra nación”, agregó Suárez.
Para la JEP, las FARC convirtieron por décadas el secuestro en una práctica con fines económicos y políticos, mediante la cual privaron de la libertad a civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y líderes públicos, incluida la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.
“Las sentencias y acciones que hoy se anuncien marcan una nueva etapa procesal en la que la restricción efectiva de los derechos de los responsables vendrá acompañada de trabajos para restaurar a las víctimas, las comunidades y sus territorios. Durante más de cinco décadas, el pasado gobernó nuestro presente. Hoy, ese ciclo se rompe”, dijo por su parte el magistrado Alejandro Ramelli, presidente del tribunal.
Una Comisión de la Verdad reveló en su informe final que alrededor de 51.000 personas fueron víctimas de secuestro entre 1990 y 2018, aunque reconoció que se trata de una cifra subregistrada, y señaló que las FARC fueron responsables del 40% de los casos, superando a los cometidos por los paramilitares de ultraderecha, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y otros grupos.
COMPROMISO FIRME
Muchas víctimas sufrieron tratos crueles e inhumanos durante su cautiverio, incluyendo el encadenamiento a árboles en medio de la selva, la privación de alimentos, torturas y violencia sexual, según la JEP.
Aunque la mayoría de las víctimas fueron liberadas tras pagar un rescate o rescatadas por las Fuerzas Armadas, unas 2.000 personas nunca regresaron a casa y ahora se consideran desaparecidas.
“El último Secretariado de las FARC-EP ha honrado su palabra y seguirá haciéndolo, con aportes de verdad y acciones de reparación. Nuestro compromiso es firme: la paz y la dignidad de las víctimas”, aseguró en su cuenta de X el Partido Comunes, conformado por antiguos líderes y miembros del grupo rebelde.
La mayoría de los antiguos integrantes de las FARC recibieron amnistía bajo el acuerdo de paz, pero los máximos líderes están obligados a participar en las investigaciones de la JEP para establecer su posible responsabilidad en crímenes cometidos durante el conflicto y compensar a las víctimas con verdad, justicia, reparación y no repetición.
Los antiguos comandantes rebeldes que revelen toda la verdad sobre sus acciones pueden ser condenados a trabajos de reparación por un período de entre cinco y ocho años, pero los que no colaboren plenamente con el proceso pueden recibir penas de cárcel ordinaria de hasta 20 años.
Los máximos responsables que reconozcan los crímenes y aporten verdad deberán realizar trabajos como parte de la sanción que no implica cárcel, pero sí restricciones de derechos y libertades, como permanecer en zonas delimitadas y bajo monitoreo, aunque podrán participar en política.
Algunas de las actividades de reparación incluyen la construcción de carreteras o la siembra de árboles, que deben ser aprobadas por la JEP e incluir la participación de las víctimas.
Antiguos combatientes comenzaron a participar en tareas de reparación con militares retirados, con quienes trabajan para exhumar restos de personas desaparecidas, lo cual será tenido en cuenta dentro de las sentencias que puedan recibir.
La JEP investiga crímenes de guerra a través de once macrocasos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de efectivos de las Fuerzas Militares, violencia sexual y reclutamiento de menores.
El tribunal emitirá el jueves sus primeras sentencias individuales contra militares retirados que participaron en los denominados “falsos positivos”, es decir, la ejecución de civiles reportados como guerrilleros muertos en combate para recibir beneficios como ascensos o permisos.
La JEP investiga más de 250.000 crímenes en medio del conflicto armado interno, que ha dejado más de 450.000 muertos y que, pese a la firma del acuerdo de paz con las FARC, continúa a lo largo y ancho del país, financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, según el Gobierno y fuentes de seguridad.
(Reporte de Luis Jaime Acosta y Julia Cobb)
