Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 18 sep (Reuters) – Doce militares retirados del Ejército de Colombia fueron condenados el jueves por un tribunal de paz a la sentencia máxima de ocho años de trabajos restaurativos como responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 civiles reportados ilegalmente como guerrilleros muertos en combates.
Es la primera sentencia contra antiguos integrantes del Ejército por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida de un acuerdo de paz en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC y encargada de investigar a antiguos líderes rebeldes, a efectivos de las Fuerzas Militares y a civiles por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto.
“Dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron todos los comparecientes deben cumplir la sanción máxima de ocho años”, dijo la magistrada Ana Manuela Ochoa, quien explicó que a cada uno se le aplicará un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria.
Sin embargo, las sanciones no serán inferiores a cinco años de trabajos restaurativos con los descuentos, precisó el tribunal al destacar que los doce exmilitares reconocieron su responsabilidad e hicieron aportes a la verdad.
Los denominados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales fueron hechos de violencia en medio del conflicto interno armado de Colombia que ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados.
Una comisión de la Verdad concluyó en el 2022 que entre los años 2002 y 2008 se registraron 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combates para ganar condecoraciones, ascensos, viajes al exterior y días de descanso.
“Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes arrebatándoles a sus hijos, madres, padres, hermanos (…) con el único fin de convertirlas en números, en cifras, en estadísticas frías y viciadas”, dijo el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, antes de la lectura del fallo.
A la fecha, 4.000 miembros de la fuerza pública, de todos los rangos, incluidos 17 generales, se han sometido ante el tribunal de paz por los asesinatos y las desapariciones forzadas. De ellos, 867 han entregado sus versiones.
Decenas de efectivos del Ejército han sido detenidos y condenados por “falsos positivos” bajo el sistema de justicia ordinaria y algunas de las víctimas, cuyos restos no han sido devueltos a sus familias, son consideradas como desaparecidas.
Esta semana la JEP impuso la sentencia máxima de ocho años de trabajos de reparación a siete excomandantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que reconocieron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros económicos y políticos de civiles y miembros del Ejército y la Policía.
CRÍMENES EN EL NORTE DE COLOMBIA
El jueves fueron sentenciados dos mayores, un teniente, dos subtenientes, tres sargentos, un cabo y tres soldados que reconocieron su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones mientras eran miembros del batallón La Popa, ubicado en la ciudad de Valledupar, en el norte de Colombia, reveló el tribunal.
Los crímenes se registraron entre enero de 2002 y julio de 2005. Los militares vistieron a las víctimas con uniformes camuflados y les plantaron armas de fuego para reportarlas como muertos en combates, según confesaron ante el tribunal.
Entre las víctimas de estos militares había miembros de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo, cuyo territorio ancestral se convirtió en un centro de actividades de narcotráfico de paramilitares de derecha y de guerrilleros de izquierda desde los años noventa.
Otros tres militares retirados que estuvieron adscritos al batallón La Popa no aceptaron su responsabilidad y se exponen a una sentencia de 20 años de cárcel, según el tribunal.
Los antiguos comandantes guerrilleros, los militares y los civiles que revelen toda la verdad sobre sus acciones criminales en medio del conflicto pueden ser condenados a trabajos de reparación por un período de entre cinco y ocho años.
Pero los que no colaboren plenamente con el proceso pueden recibir penas de cárcel ordinaria de hasta 20 años.
Las sentencias de reparación deben contar con la participación de las víctimas e incluyen sanciones como construir caminos y sembrar árboles hasta ayudar en la remoción de minas terrestres y buscar personas desaparecidas.
El expresidente Juan Manuel Santos pidió perdón por los asesinatos, que ocurrieron en parte durante su tiempo como ministro de Defensa en el Gobierno de Álvaro Uribe.
A diferencia de todos los demás expresidentes vivos de Colombia, Uribe nunca apareció en ningún evento de la Comisión de la Verdad, pero sostuvo una reunión individual con el sacerdote que la dirigía.
Uribe apela actualmente una condena de 12 años en un caso de larga duración sobre denuncias de nexos con paramilitares.
Los máximos responsables que reconozcan los crímenes y aporten verdad deberán realizar trabajos como parte de la sanción que no implica cárcel, pero sí restricciones de derechos y libertades, como permanecer en zonas delimitadas y bajo monitoreo, aunque podrán participar en política.
La JEP investiga más de 250.000 crímenes relacionados con el conflicto armado interno que continúa financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, pese al acuerdo de paz, según el Gobierno y fuentes de seguridad.
(Reporte de Luis Jaime Acosta)
