CIUDAD DE PANAMÁ, 25 sep (Reuters) -El Canal de Panamá dijo el jueves que legisladores de la nación centroamericana aprobaron el proyecto de presupuesto para la vía interoceánica, clave para el comercio mundial, para el año fiscal 2025/26, el cual se espera que traiga un aumento en las contribuciones al Estado.
Para el período de octubre a septiembre, los parlamentarios dieron luz verde a un presupuesto de 5.210 millones de dólares para el canal, que se espera que aporte 3.190 millones de dólares a las arcas del Estado, un 14,5% más que el nivel establecido en el presupuesto del año anterior, dijo la autoridad del canal.
La semana pasada, el canal pronosticó un beneficio de 3.500 millones de dólares para el ejercicio fiscal que finaliza en septiembre, aunque ha dicho que espera menos tránsitos el año que viene debido a la inestabilidad económica mundial.
El presupuesto ahora aprobado incluye provisiones para algunas de las inversiones previstas de la vía marítima, añadió, incluido su plan de construir un embalse de 1.600 millones de dólares para ampliarse, un proyecto que ha sido impugnado en los tribunales por las comunidades locales.
El proyecto de embalse de Río Indio desplazaría a unas 2.500 personas. Un grupo que representa a los agricultores presentó una demanda ante la Corte Suprema, alegando que la mayoría de los residentes no quieren marcharse y que el proyecto viola la Constitución.
La construcción del embalse aumentaría el suministro de agua necesaria para transportar buques de carga a través de una serie de esclusas elevadas, después de que una sequía en 2023 provocara que el canal redujera los tránsitos. Se necesitan millones de galones de agua por tránsito.
Panamá se ha enfrentado a la presión de Washington sobre el funcionamiento del paso que une los océanos Atlántico y Pacífico, con el Gobierno de Donald Trump prometiendo “recuperar” la vía fluvial de la influencia percibida de China.
China y Estados Unidos compiten por la influencia económica en la región, y este último ha estado presionando a los países de Centroamérica para que limiten la presencia de empresas chinas.
(Reporte de Sarah Morland y Elida Moreno; Editado por Natalia Siniawski y Raúl Cortés Fernández)