Por Kate Abnett y Inti Landauro
BRUSELAS, 13 oct (Reuters) -La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo respaldó el lunes los planes para suavizar la ley de sostenibilidad corporativa de la UE, que se enfrenta a la presión de las empresas que afirman que el cumplimiento de las normas obstaculizaría la competitividad de las industrias europeas.
La directiva de la Unión Europea sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas (CSDDD) se adoptó el año pasado y obliga a las empresas a solucionar los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro, so pena de multas del 5% de la facturación mundial.
En la votación del lunes, diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobaron propuestas que harían obligatorias las normas solo para las empresas con 5.000 empleados o más y al menos 1.500 millones de euros (1.740 millones de dólares) de facturación.
En la actualidad, la CSDDD se aplica a las empresas con 1.000 o más empleados y más de 450 millones de euros de facturación. La comisión también respaldó la supresión del requisito de que las empresas lleven a cabo “planes de transición”.
REDUCCIÓN DE COSTES PARA LAS EMPRESAS
“El objetivo del Partido Popular Europeo (conservador) siempre ha sido simplificar las normas y recortar los costes para las empresas”, dijo Jorgen Warborn, el europarlamentario que redactó el texto aprobado el lunes. “Nuestro voto de hoy creará más previsibilidad para nuestras empresas en un mundo impredecible”.
La comisión solicitó que el Parlamento Europeo inicie ahora las negociaciones sobre las normas definitivas con los países de la UE, sin necesidad de una votación en pleno de la asamblea. Un grupo de diputados equivalente a una décima parte de la asamblea aún podría forzar una votación la próxima semana.
Algunos de los cambios ya parecen susceptibles de ser aprobados. Los países de la UE ya han manifestado su apoyo a la modificación de la ley para que solo se aplique a las empresas con 5.000 empleados o más.
La directiva se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos de la agenda ecológica europea, sobre la que países como Estados Unidos y Qatar siguen exigiendo cambios. Sostienen que la UE se extralimita al imponer requisitos a las empresas extranjeras.
Empresas europeas como TotalEnergies han pedido a la UE que elimine la ley por completo, bajo la advertencia de que perjudicaría la competitividad del bloque.
No obstante, la marcha atrás se ha topado con la resistencia de algunos inversores y activistas, que afirman que debilita la responsabilidad de las empresas y merma la capacidad de Europa para atraer inversiones destinadas a cumplir los objetivos climáticos.
“Si al final se aprueban estos cambios, esta ley quedará despojada de su finalidad por conveniencias políticas a corto plazo”, afirmó la abogada Amandine Van den Berghe, del bufete de abogados sin ánimo de lucro ClientEarth. “Lo que es una piedra angular de la empresa responsable en Europa se está convirtiendo en moneda de cambio político”.
(Información de Kate Abnett e Inti Landauro en Bruselas. Edición de Benoit Van Overstraeten y Matthew Lewis. Edición en español de Jorge Ollero Castela)
