Por Nate Raymond
16 oct (Reuters) -Una jueza federal de Oregón prorrogó el miércoles las órdenes de restricción temporal que impiden al Gobierno del presidente Donald Trump desplegar efectivos de la Guardia Nacional para desempeñar funciones policiales en Portland, como parte de su campaña de envío de fuerzas militares a un número creciente de ciudades lideradas por demócratas.
La jueza de distrito de Estados Unidos Karin Immergut, en Portland, tomó esta decisión mientras el Gobierno espera un fallo de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, sobre si levantará una de sus órdenes que impiden que la Administración implemente el plan de Trump.
Immergut, durante una audiencia telefónica, mencionó cuestiones de tiempo para decidir si debía extender otros 14 días dos órdenes que emitió anteriormente, que expiraraban esta semana, a pesar de que las partes esperan el fallo del Noveno Circuito.
La jueza, que Trump nombró durante su primer mandato, había emitido esas órdenes el 4 y 5 de octubre, primero dictaminando que Trump no podía hacerse cargo de la Guardia Nacional de Oregón y luego que no podía eludir esa decisión convocando a efectivos de la Guardia Nacional de otros estados.
Immergut ha programado un juicio sin jurado que comenzará el 29 de octubre para determinar si impone un bloqueo a más largo plazo, que dijo el miércoles que dependerá de “lo que está sucediendo sobre el terreno y si justifica el despliegue que se ordenó”.
El abogado del Departamento de Justicia Michael Gerardi se opuso a que Immergut prorrogara sus órdenes de restricción temporal, que el Gobierno quiere que se levanten.
“Los hechos no han cambiado: el presidente Trump ejerció su autoridad legal para proteger los activos y el personal federal en Portland tras los violentos disturbios y ataques a las fuerzas del orden”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson en un comunicado.
La Guardia Nacional son fuerzas milicianas estatales que responden ante los gobernadores estatales, excepto cuando son llamadas al servicio federal por el presidente.
El 27 de septiembre, Trump ordenó el envío de 200 efectivos de la Guardia Nacional a Portland, una continuación del uso sin precedentes por parte de su Gobierno de personal militar en ciudades estadounidenses para reprimir protestas y reforzar la aplicación de la ley de inmigración federal. Trump dijo que la ciudad estaba “devastada por la guerra”.
Autoridades de la ciudad y del estado demandaron al Gobierno para tratar de detener el despliegue de Portland, argumentando que la acción de Trump viola varias leyes federales que rigen el uso de fuerzas militares y los derechos del estado bajo la 10ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Immergut, al dictar sus sentencias anteriores, dijo que no había pruebas de que las recientes protestas en Portland alcanzaran el nivel de una rebelión o interfirieran gravemente en el cumplimiento de la ley. Dijo que la descripción de Trump de la ciudad como devastada por la guerra estaba “simplemente desvinculada de los hechos”.
(Información de Nate Raymond en Boston; edición de Bill Berkrot y Alistair Bell; edición en español de Jorge Ollero Castela)
