Por Stefanie Eschenbacher y Shariq Khan y Stephen Eisenhammer
22 oct (Reuters) – En la tarde del 8 de marzo, un buque petrolero llamado Torm Agnes entró al Puerto de Ensenada, en la costa del Pacífico de México, transportando casi 120,000 barriles de diésel.
Un buque así era poco común en ese puerto, que acoge principalmente cruceros, yates de lujo y portacontenedores. Ensenada carece de la infraestructura necesaria para descargar hidrocarburos inflamables de forma segura, lo que lo hacía aún más extraño.
Oleadas de camiones llegaron al muelle para llevarse gran parte de la carga del Torm Agnes.
Los trabajadores se apresuraron a llenar los tanques de los vehículos, hasta seis a la vez, usando mangueras que salían de una más grande fijada al buque. La operación, aunque arriesgada, transcurrió con precisión, según un testigo presencial y una foto y un video del incidente compartidos con Reuters.
“Tenían un equipo, eran muy meticulosos en lo que tenían que hacer y eran muy rápidos”, dijo la persona. “Trabajaron sin parar, incluso de noche”.
La audaz maniobra fue obra de contrabandistas vinculados a un cártel, según tres fuentes de seguridad mexicanas y tres personas familiarizadas con la operación, parte de una ola de contrabandistas que están revolucionando el mercado de combustible de México con una inundación a bajo precio obtenido principalmente de los Estados Unidos y que se disfraza en las declaraciones aduaneras como otra cosa.
Los delincuentes mexicanos no actuaron solos. Una empresa de Houston llamada Ikon Midstream jugó un papel clave en la operación multimillonaria de Ensenada, según descubrió Reuters.
Compró el diésel en Canadá, dijo en la documentación que se trataba de lubricantes y alquiló el buque para entregarlo a un cliente que, según las autoridades mexicanas, es una fachada de uno de los cárteles más grandes y violentos del país.
Ikon Midstream y su director ejecutivo, Rhett Kenagy, no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. El abogado Joseph O. Slovacek, quien representa a la compañía y a Kenagy, le indicó a Reuters en un correo electrónico del 18 de octubre que dejara de contactar a sus clientes. “¡Nadie hablará con su reportero!”, dijo Slovacek.
El Puerto de Ensenada no respondió a una solicitud de comentarios. Torm, con sede en Dinamarca y gestora de una de las flotas de petroleros más grandes del mundo, incluyendo el Torm Agnes, dijo que dejó de operar con Ikon Midstream pocas semanas después del incidente de Ensenada.
Los narcóticos siguen siendo la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos. Sin embargo, el combustible ilegal y el petróleo crudo robado se han convertido en la mayor fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para estos delincuentes, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los narcos han construido este lucrativo negocio secundario integrándose eficazmente en el vasto sector energético norteamericano y dominando la logística del transporte de productos petrolíferos por camión, ferrocarril y, recientemente, con buques.
Algunos funcionarios estadounidenses han empezado a denominar a los buques que transportan combustible ilegal una nueva “flota oscura”, un término que se asocia con mayor frecuencia al transporte ilícito de petróleo crudo ruso o iraní diseñado para evadir sanciones.
El contrabando de combustible ha crecido tan rápido que las importaciones ilegales representan ahora hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, apropiándose de las ganancias de algunas de las empresas petroleras más importantes, informaron a Reuters cinco fuentes gubernamentales, tanto actuales como anteriores.
El combustible ilegal que ingresa al país está valorado en más de 20,000 millones de dólares al año, según una de las personas que ayudó al Gobierno de México a calcular la magnitud de este tráfico ilícito.
Las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera están alarmadas. El Gobierno estadounidense ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre delitos relacionados con el combustible de los cárteles.
En México, el contrabando de buques ha desatado un escándalo de corrupción que ahora sacude a la Secretaría de Marina del país, entidad que gestiona los puertos y que desde hace tiempo se considera una de las instituciones más confiables del país.
En una conferencia de prensa el 7 de septiembre, el secretario de Marina, Raymundo Morales, afirmó que la institución había iniciado una investigación interna y que “por ningún motivo toleraremos la corrupción”.
Para desentrañar los entresijos del contrabando de combustible a México -conocido localmente como huachicol fiscal-, Reuters entrevistó a más de 50 personas con conocimiento del asunto, entre ellas, cinco personas con experiencia en cargamentos ilícitos, agentes del orden mexicanos y estadounidenses, ejecutivos y exejecutivos de la industria petrolera en ambos países, así como comercializadores de productos petroleros y especialistas en cumplimiento normativo.
Muchas de estas personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.
Reuters es la primera agencia en publicar un relato completo del viaje del Torm Agnes, desde su embarque en Canadá hasta su descarga en Ensenada y en otro puerto mexicano, del que se retiró apresuradamente.
El relato se basa en información de siete personas, todas ellas involucradas en la logística del traslado de la carga o que investigan las consecuencias del viaje, así como en datos de seguimiento de buques e imágenes satelitales, documentos internos de embarque, datos aduaneros y registros portuarios.
A través de esos documentos y fuentes, Reuters reconstruyó con detalles nunca antes reportados cómo funciona el supuesto esquema y cómo explota lagunas legales en el vasto y complejo sector energético de Estados Unidos, afectando a una serie de entidades, incluidas grandes petroleras, compañías navieras y agencias gubernamentales.
Según las autoridades, los cárteles cuentan con la ayuda de actores estadounidenses que facilitan la adquisición y el transporte de los productos, algunos sin saberlo, otros participando activamente. El senador estatal de Texas, Juan Hinojosa, dijo que su estado petrolero se ha convertido en un foco de operadores sospechosos.
“Los cárteles se han infiltrado en muchos negocios legítimos en la frontera y más al norte”, agregó Hinojosa, un demócrata que en marzo impulsó una legislación que busca combatir los depósitos de combustible sin licencia cerca de la frontera, endurecer las regulaciones para los transportistas de combustible y aumentar las sanciones para quienes incumplen la ley. El proyecto de ley está estancado en el Senado de Texas, pero podría reactivarse en el futuro.
El esquema de contrabando de combustible se reduce en gran medida a una lucrativa evasión fiscal. México aplica un impuesto conocido como IEPS a varios productos, incluyendo el diésel y la gasolina importados.
México es un importante productor de petróleo crudo, pero importa estos combustibles porque sus antiguas refinerías no pueden satisfacer la demanda local. Los delincuentes evaden el impuesto, que se cobra por litro y que menudo es más del 50% del valor de la carga, declarando que el combustible extranjero es otro tipo de producto petrolífero exento del impuesto.
Funcionarios estadounidenses y mexicanos dicen que los contrabandistas generalmente usan empresas fantasma y documentos de carga falsificados para cubrir sus huellas, y pagan sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros corruptos para que sus cargas pasen.
También descargan con prisa en lugares peligrosos, eludiendo las casi dos docenas de instalaciones marítimas de México habilitadas para la descarga segura de combustibles, según las autoridades y expertos de la industria. Esto permite a los contrabandistas entregar el combustible ilegal a sus clientes rápidamente, con mínima supervisión y regulaciones.
El diésel de contrabando se vende con descuento en el mercado mexicano a miles de gasolineras sin licencia, fábricas y minas. El producto del contrabando se destina principalmente a gasolineras sin marca.
Los cárteles también roban combustible y crudo directamente de Pemex y venden una parte en Estados Unidos, con la ayuda de importadores corruptos que están vendiendo a precios más bajos que los productores estadounidenses, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Pemex no respondió a una solicitud de comentarios sobre las pérdidas relacionadas con el robo y contrabando de combustible.
Otras compañías petroleras también están sufriendo las consecuencias. En mayo, la multinacional británica Shell confirmó la venta de su negocio minorista de combustibles en México. Esta salida se debió en parte a las dificultades para competir con el combustible narco, más económico, informaron a Reuters cinco fuentes de Shell. Las gasolineras compran combustible de contrabando con un descuento de entre el 5% y el 10% sobre el precio de las importaciones legítimas, según dos fuentes familiarizadas con el sector.
Shell se negó a comentar los motivos de la venta.
Torm Agnes transportaba diésel que había recogido en Canadá al iniciar su viaje a México, informaron a Reuters las siete fuentes familiarizadas. Para cuando el buque llegó a Ensenada, su carga se había transformado, por lo menos en los documentos, en un petroquímico usado para fabricar lubricantes industriales, según documentos de carga y registros portuarios revisados por la agencia de noticias.
Si ese diésel, con un valor aproximado de 12 millones de dólares, se hubiera declarado a las autoridades aduaneras, habría estado sujeto a casi siete millones de dólares en impuestos al ingresar a México, según un cálculo de Reuters basado en el volumen de diésel y la tasa impositiva vigente en ese momento. Sin embargo, el petroquímico estaba exento del gravamen.
Torm Agnes, con bandera danesa, fue uno de varios petroleros que en los últimos años transportaron combustible, pero declararon su carga como lubricantes para evadir impuestos y controles aduaneros, según un resumen sin fecha del presunto esquema de contrabando elaborado por las fuerzas de seguridad del Gobierno y al que tuvo acceso Reuters. La autenticidad del memorando fue confirmada por dos fuentes de seguridad.
El Gobierno de México no ha dicho cuánto le ha costado al país el contrabando de combustible en ingresos perdidos del IEPS, pero la fuente que solía ayudar al fisco a calcular el tamaño del comercio ilícito dijo que era de casi 4,000 millones de dólares en 2024. El partido de oposición PAN ha elevado la cifra aún más, en alrededor de 10.000 millones de dólares, calificándola “el mayor acto de corrupción en la historia de México.”
Ni la autoridad fiscal de México ni su agencia aduanera respondieron a las solicitudes de comentarios.
LA CONEXIÓN AMERICANA
En el centro de ese acuerdo se encontraba una empresa estadounidense: Ikon Midstream, comercializadora de combustible con sede en Houston. La empresa compró el diésel canadiense y contrató a Torm Agnes para que lo entregara a México, según cuatro de las personas y documentos internos de Ikon Midstream a los que tuvo acceso Reuters.
Además del envío a Ensenada, Ikon Midstream organizó al menos otras cuatro entregas marítimas de diésel a México este año, según supo Reuters.
Entre el 8 de enero y el 4 de marzo, la compañía usó un buque cisterna diferente de la misma flota, Torm Louise, en cuatro ocasiones distintas para transportar carga desde Texas hasta el Puerto de Tampico, en la costa del Golfo de México, según datos de seguimiento de buques cisterna y la naviera Torm, que gestiona los buques Torm Agnes y Torm Louise.
Torm dijo a Reuters que ambos buques estaban cargados con diésel. Añadió que Torm Louise, en tres de sus viajes, también transportó nafta. En México, los contrabandistas suelen usar este hidrocarburo altamente inflamable para fabricar gasolina de baja calidad.
Sin embargo, en declaraciones a la aduana mexicana, Ikon Midstream dijo que los cinco envíos eran “aditivos para lubricantes” no sujetos al IEPS, según registros portuarios mexicanos obtenidos por Reuters a través de solicitudes de transparencia.
El producto declarado en los conocimientos de embarque de exportación estadounidenses para dos de los envíos de Torm Louise también eran lubricantes, según Kpler, proveedor de datos marítimos con sede en Bruselas.
Reuters es el primer medio en informar que Ikon Midstream etiquetó estos envíos de diésel como lubricantes en las declaraciones aduaneras estadounidenses.
Kpler dijo que no pudo compartir los documentos fuente debido a acuerdos de confidencialidad con sus proveedores de datos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que conserva copias de estos documentos, rechazó inicialmente una solicitud de acceso a la información presentada por Reuters en junio para obtenerlos.
En octubre, la CBP declaró que la información solicitada por Reuters estaba disponible en manifiestos de carga físicos que debían solicitarse personalmente en cada puerto de exportación, un proceso que la agencia describió como “demasiado largo” y sujeto a nuevos retrasos.
Torm, en un correo electrónico del 5 de agosto, dijo que no era responsable ni estaba involucrado en la tramitación de los trámites aduaneros para los envíos. Todos los documentos que recibió de Ikon Midstream, agregó Torm, declaraban consistentemente que los productos transportados en sus buques eran “ULSD y/o nafta”. ULSD es el acrónimo de la industria para diésel ultrabajo en azufre. Torm se negó a compartir con Reuters los documentos que afirmó haber recibido de Ikon Midstream, citando obligaciones contractuales.
“Con base en lo que ha salido a la luz, hemos decidido no seguir haciendo negocios con Ikon Midstream”, dijo Torm sin dar más detalles en un correo electrónico a Reuters el 27 de agosto.
Torm rompió relaciones comerciales con Ikon Midstream a principios de abril y canceló dos contratos futuros con la compañía, dijo un portavoz de Torm en un correo electrónico posterior a la agencia de noticias el 5 de septiembre.
Como parte de los esfuerzos de Reuters para buscar comentarios de Ikon Midstream, un periodista visitó la sede de la compañía en Houston en agosto, pero fue rechazado por una persona que dijo que trabajaba para Ikon Midstream y dio su nombre solo como Daniel.
Kenagy, como muchos ejecutivos involucrados en el comercio petrolero mundial valorado en más de un billón de dólares, proyecta una imagen de éxito. A principios de este año, compró una mansión y terrenos en Houston valorados en más de 6 millones de dólares, según registros de propiedad locales. Su cuenta de Instagram está repleta de imágenes de autos deportivos, motocicletas exóticas y jets privados.
Él y su esposa, Janelle Alexis Flatt, aparecieron en un episodio de 2022 del reality show Below Deck Sailing Yacht, que narra la vida de los miembros de la tripulación a bordo de un barco de lujo y sus experiencias con los huéspedes que lo alquilan.
Flatt no respondió a las solicitudes de comentarios.
Kenagy también es un agente registrado de al menos media decena de empresas que ya no están operativas, incluidas de minería, construcción y entretenimiento, según muestran los registros comerciales de Texas.
En México, una empresa con sede en Monterrey llamada Intanza fue la receptora del cargamento de Torm Agnes, según registros portuarios mexicanos, así como una factura del envío de la empresa vista por la agencia de noticias.
Las autoridades mexicanas sospechan que Intanza es una empresa fachada del Cartel Jalisco Nueva Generación, según tres fuentes de seguridad mexicanas y un segundo documento sin fecha de las fuerzas de seguridad del Gobierno visto por Reuters que describe los vínculos del cartel con el contrabando de combustible.
Intanza no tiene sitio web ni presencia en las redes sociales que Reuters haya podido identificar. Una carta enviada por Reuters a la dirección de Monterrey que figura para Intanza en la factura no pudo ser entregada porque el servicio de mensajería no pudo encontrar presencia de la empresa allí.
El nombre de Intanza volvió a surgir después de que las autoridades mexicanas detuvieron a otro buque, Challenge Procyon, el 21 de marzo en el Puerto de Tampico, en el estado Tamaulipas.
El 27 de marzo, Intanza presentó una demanda en un tribunal de Tamaulipas pidiendo a un juez que libere el cargamento, que según afirmó eran lubricantes y se incautaron injustamente; el juez rechazó la solicitud de Intanza.
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en una publicación en redes sociales el 31 de marzo que se habían encontrado 10 millones de litros (unos 63,000 barriles) de diésel a bordo de Challenge Procyon.
El mes pasado, García Harfuch dijo que esa incautación era “una de las más grandes de la historia” al anunciar el arresto de 14 personas, incluidos ejecutivos de negocios, exfuncionarios de aduanas y funcionarios navales activos y retirados como parte de las investigaciones sobre Challenge Procyon y otros presuntos contrabandos de combustible. El Gobierno identificó a los detenidos solo por sus nombres de pila, como es costumbre en México.
La Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República dijeron que no podían comentar sobre las investigaciones en curso y remitieron a Reuters declaraciones públicas sobre el tema. La Secretaría de Seguridad no respondió a una solicitud de comentarios.
Ramiro Rocha, que figura como representante legal de Intanza en el Registro Público de Comercio de México, dijo que no tiene ninguna relación con la empresa y que podría haber sido víctima de robo de identidad.
UN CÁRTEL ZARPA
Durante décadas, pequeños ladrones conocidos como huachicoleros han hurtado gasolina, diésel y petróleo crudo de Pemex. Con el tiempo, a medida que el negocio crecía en escala y rentabilidad, atrajo la participación de los cárteles mexicanos.
Pero el Cártel Jalisco Nueva Generación ha llevado la trama a un nuevo nivel y es el líder indiscutible del contrabando de combustible y petróleo crudo, según fuentes de seguridad mexicanas y estadounidenses.
El cártel, cuyo territorio de origen es el estado Jalisco, en el centrooeste de México, se ha expandido por todo México. Las autoridades afirman que ha establecido una formidable red de contrabando en el estado norteño Tamaulipas, justo al otro lado de la frontera con Texas.
Desde allí, dicen, envía petróleo crudo mexicano robado a Estados Unidos y trae productos refinados estadounidenses a México por camión, tren y buque. Añadieron que el CJNG es el único cártel que actualmente emplea buques.
Las autoridades detectaron por primera vez el contrabando mediante buques alrededor de 2020, según un documento del Gobierno mexicano de 2021 al que tuvo acceso Reuters que describe las investigaciones iniciales sobre el esquema, que en ese momento no atribuyeron este desarrollo a un cártel específico.
El salto de camiones y trenes a buques refleja un grado de conocimiento de los negocios y un poder de inversión que está en una liga diferente a lo que había antes, dijo Marisol Ochoa, experta en crimen organizado de la Universidad Iberoamericana en México.
“Tienes que tener una alta sofisticación y demasiadas redes y conexiones de operación logística”, afirmó.
Desde septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido dos grupos de sanciones contra una decena de ciudadanos mexicanos y casi 30 empresas mexicanas presuntamente vinculadas al CJNG y sus operaciones de robo y contrabando de combustible.
Greg Gatjanis, exalto funcionario de la OFAC, dijo estar “atónito” ante la variedad de empresas vinculadas al supuesto esquema. Entre ellas se incluyen gasolineras, empresas de transporte, una empresa de impresión 3D y una panadería de baguettes, según la OFAC.
En febrero, la administración Trump designó a varios cárteles mexicanos, incluido el CJNG, como organizaciones terroristas extranjeras. Esto movilizó más personal y recursos para la lucha contra los cárteles y facilitó a los fiscales estadounidenses perseguir a personas y empresas que hacen negocios con estos grupos.
En mayo, un padre y un hijo de Utah, James Lael Jensen y Maxwell Sterling Jensen, fueron acusados de conspiración para lavar dinero y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Las autoridades alegan que los Jensen colaboraron con el CJNG para contrabandear petróleo crudo a Estados Unidos.
Los abogados de James Jensen no respondieron a una solicitud de comentarios. Robert Guerra, abogado de Maxwell Jensen, se negó a hacerlos.
Funcionarios estadounidenses también se reunieron este año con refinerías en el área de Houston para explicar la participación del crimen organizado mexicano en el negocio de los combustibles y enfatizar en la importancia de conocer a sus proveedores y clientes, informaron tres fuentes de la industria y un funcionario estadounidense. El funcionario dijo a Reuters que quienes incumplan las sanciones estadounidenses en la cadena de suministro pueden enfrentar sanciones civiles y penales.
Esto representa “un enorme riesgo comercial” para los actores estadounidenses dado el éxito de los cárteles al usar empresas de fachada e intermediarios para hacer su trabajo sucio, dijo Gatjanis, ex funcionario de la OFAC.
En México, la escala y la creciente sofisticación del contrabando de combustible han generado acusaciones de que políticos de alto nivel están involucrados.
En la campaña presidencial del año pasado, la candidata opositora Xóchitl Gálvez acusó al partido gobernante Morena de recibir fondos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido por la prensa mexicana como “el rey del huachicol”.
Carmona era un importante traficante vinculado al Cártel del Golfo y al Cártel del Noreste, según medios mexicanos. Fue asesinado a tiros en una barbería del norte de México por desconocidos en 2021. Nadie ha sido arrestado por su asesinato.
Carmona supuestamente ayudó a financiar las campañas electorales de Morena, incluida la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ganó el máximo cargo de México en 2018, según el segundo memorando sin fecha de las fuerzas de seguridad del Gobierno revisado por Reuters.
Ni López Obrador ni Morena respondieron a las solicitudes de comentarios.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, del partido Morena, ha hecho del combate al contrabando de combustible y al robo de petróleo crudo una prioridad de seguridad para su administración.
“Nosotros no vamos a proteger a nadie”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el 8 de julio al ser preguntada sobre la presunta participación de políticos en el tráfico ilícito. Su oficina no respondió a una lista detallada de preguntas para este artículo.
Desde que Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, las autoridades afirman haber incautado alrededor de 500,000 barriles de combustible y petróleo crudo presuntamente ilegales, más de lo que el Gobierno anterior incautó en todo su sexenio. Esto es apenas una pequeña parte del torrente de combustible ilegal que ingresa al país. Aun así, la lucha está resultando peligrosa.
El 4 de agosto, Ernesto Vázquez, fiscal de Tamaulipas, murió después de que su camioneta blindada fue alcanzada por una granada incendiaria en una transitada calle de la ciudad de Reynosa. Imágenes transmitidas por televisión nacional mostraron que Vázquez escapó del vehículo en llamas, pero fue baleado desde un automóvil cercano.
En un comunicado emitido al día siguiente, la Fiscalía General de la República dijo que el asesinato probablemente fue obra del crimen organizado, después de que a finales de julio el gobierno incautó más de 1,8 millón de litros (unos 11,300 barriles) de combustible ilegal, camiones, bombas y otros equipos en Reynosa, justo al otro lado de la frontera con McAllen, Texas.
UN RASTRO DE EVASIÓN FISCAL
El comercio de petróleo crudo y combustibles suele implicar una compleja cadena de custodia. Las transacciones pueden involucrar a múltiples compradores, vendedores e intermediarios. La documentación de importación y exportación suele estar incompleta o estar falsificada por personas malintencionadas, informaron a Reuters expertos en comercio y autoridades policiales.
Torm Agnes comenzó a cargar desde la terminal marítima de Vancouver Wharves en Canadá el 2 de marzo, según el proveedor de datos marítimos Kpler. El buque cargó unos 120,000 barriles, calculó Kpler, basándose en los datos transmitidos por el petrolero, que mostraban su profundidad. Siete fuentes familiarizadas con el asunto confirmaron que cargó diésel.
El diésel procedía de Imperial Oil, una compañía petrolera canadiense que es propiedad mayoritaria de ExxonMobil, según cuatro de las personas.
Imperial Oil no respondió a una solicitud de comentarios. ExxonMobil no quiso hacerlos.
Los documentos de embarque consultados por Reuters revelaron una versión diferente del contenido del buque. Una factura del 28 de febrero, con el logotipo de Ikon Midstream y la dirección de Houston, afirmaba que el cargamento consistía en lubricantes, no diésel, y que había sido vendido a Intanza. El valor declarado era de 1.3 millones de dólares, aproximadamente una décima parte del valor de 120,000 barriles de diésel en ese momento. Un manifiesto de carga consultado por Reuters también mostró que el cargamento consistía en lubricantes cargados en Vancouver en el Torm Agnes para su entrega a México, con Ikon Midstream como embarcador e Intanza como destinatario.
En los últimos años, México las importaciones irregulares declaradas de lubricantes han aumentado, un fenómeno que el Gobierno ha vinculado al contrabando. En un documento de 2022, la autoridad fiscal del país dijo que estos productos se utilizan como medio de evasión fiscal porque no están sujetos al IEPS.
La demanda en México de los llamados lubricantes de base petrolífera es de tan solo un millón de toneladas anuales, según Michael Connolly, director de refinación y análisis de aceites base del proveedor de información sobre materias primas ICIS.
Sin embargo, los datos comerciales oficiales de Estados Unidos muestran que el país exportó hasta 3.5 millones de toneladas a México el año pasado, una cifra que, según Connolly, no cuadra.
“Hay un nivel de importaciones que ingresa allí significativamente más alto del que esperábamos”, dijo.
Solo Ikon Midstream declaró envió de lubricantes desde Estados Unidos a México 149 veces entre el 11 de octubre de 2019 y el 4 de mayo de 2025, y 67 de esas cargas llegaron por medio de buques, según datos comerciales compilados para Reuters por la empresa de tecnología comercial Altana.
Intanza, el cliente mexicano del cargamento de Torm Agnes, tiene una serie de objetivos comerciales, que van desde la producción de bebidas alcohólicas hasta la investigación científica, según el registro de empresas de México.
Su dirección en Monterrey, según la factura de envío, es una unidad en un complejo residencial de dos pisos junto a una guardería. Cuando una reportera de Reuters visitó la dirección, no vio ningún letrero de Intanza.
Rocha, el representante registrado de Intanza, vive en un barrio de clase trabajadora a unos 40 kilómetros de la ciudad, según su dirección registrada.
El canoso Rocha se convirtió en una pequeña celebridad en línea en los últimos años al publicar videos de él mismo durmiendo en lugares extraños. Un hombre bajo y fornido, sus fans lo apodaron “Don Pug”. Su popularidad resurgió en febrero cuando en redes sociales desmintió los informes de prensa que afirmaban que había muerto de un infarto durante un baile erótico en un club de striptease de Monterrey.
Rocha dijo a Reuters que trabaja como guardia de seguridad, no tiene nada que ver con Intanza y que los datos sobre él que figuran en el registro, incluyendo su dirección y tres formas de identificación, podrían haber sido robados.
UNA OPERACIÓN FLUIDA, LUEGO UN APURO
En la tarde del 8 de marzo, Torm Agnes entró al Puerto de Ensenada. En cuestión de horas, la fila de camiones que se cargaban con combustible se extendía en el muelle y fuera de él, según relató el testigo presencial de la operación.
Algunos de estos vehículos llevaban el logotipo de una empresa de camiones llamada Mefra Fletes, según el testigo y una fotografía de la escena vista por Reuters.
Ikon Midstream y Mefra Fletes han colaborado en transferencias de combustible de buque a camión en al menos tres puertos mexicanos en los últimos años, según dos fuentes familiarizadas con las operaciones. El empleado de la sede de Ikon Midstream en Houston en agosto, que se identificó como Daniel, dijo a un reportero de Reuters que solía trabajar con Mefra Fletes en México.
Mefra Fletes se constituyó en 2015 en Guadalajara, capital del estado Jalisco, y se dedica al transporte de productos petrolíferos, según el Registro Público de Comercio. En el registro no figuraba dirección ni información de contacto de la empresa ni de Roberto Blanco, quien aparece como accionista mayoritario. Reuters no encontró sitio web ni presencia en redes sociales de Mefra Fletes.
Reuters no recibió respuesta a una carta enviada por mensajería con preguntas detalladas para Blanco a una dirección de Mefra Fletes en Jalisco impresa en uno de sus camiones. Los periodistas no pudieron localizar al representante legal de la empresa, Mario Castro.
Torm Agnes descargó gran parte de su carga en Ensenada. Desde allí, se dirigió al Puerto de Guaymas, en el Golfo de California, y de nuevo descargó directamente en camiones cisterna a partir del 20 de marzo, según fotografías y videos de la operación vistos por Reuters. Algunos de esos vehículos portaban la insignia de Mefra Fletes, según las imágenes.
Pero Torm Agnes solo logró descargar la mitad de la carga que planeaba, según correos electrónicos internos del puerto a los que tuvo acceso Reuters. Partió de Guaymas abruptamente al día siguiente, según datos de seguimiento de buques y tres personas familiarizadas con la situación. Los trabajadores que ayudaban a descargar el diésel empacaron rápidamente su equipo y los camiones cisterna salieron a toda velocidad del puerto, según las fuentes.
El éxodo causó conmoción local. Fotos y videos compartidos en redes sociales mostraron una docena de tanques de combustible desprendidos de los camiones que los traían y abandonados en estacionamientos cercanos y a la orilla de la carretera.
Fuentes de seguridad dijeron a Reuters que sospechan que Torm Agnes huyó después de que se corrió la voz en el Puerto de Guaymas de que las autoridades mexicanas estaban incautando otro buque, Challenge Procyon, ese mismo día, 21 de marzo, en el Puerto de Tampico.
Torm no comentó sobre el motivo de la precipitada salida de Torm Agnes. El Puerto de Guaymas no respondió a una solicitud de comentarios.
El 28 de marzo, las autoridades mexicanas anunciaron en un comunicado de prensa la incautación de unos 50,000 barriles de productos petrolíferos almacenados desordenadamente en un centenar de contenedores en un terreno polvoriento en la localidad de El Sauzal, a unos 10 kilómetros al norte del Puerto de Ensenada. Las fuerzas de seguridad también incautaron equipo y camiones cisterna. Las imágenes de video del operativo, difundidas por medios mexicanos, mostraron camiones de Mefra Fletes.
Los productos petrolíferos incautados probablemente provenían del Puerto de Ensenada y llegaron en un buque, según un resumen sin fecha del caso realizado por las fuerzas de seguridad mexicanas al que Reuters tuvo acceso. El documento no menciona a Torm Agnes, pero dos fuentes de seguridad mexicanas confirmaron que la actividad del buque cisterna en Ensenada está bajo investigación.
Anuar González, exrepresentante legal de Mefra Fletes, fue detenido en agosto. Se emitió una orden de arresto contra Blanco, accionista mayoritario de la empresa. Ambos son sospechosos de participar en el tráfico ilegal de combustible, según una de las fuentes de seguridad mexicanas y reportes de prensa.
Reuters no pudo determinar si González tiene abogado. Blanco sigue prófugo.
(Reportaje de Stefanie Eschenbacher en Tampico, México; Shariq Khan en Houston; y Stephen Eisenhammer en la Ciudad de México.; Reportaje adicional de Laura Gottesdiener en Monterrey, México; Pola Grzanka y Mónica Naime en la Ciudad de México; Alicia Fernández en Tampico; Liz Hampton en Denver; y Amanda Stephenson en Toronto.; Edición de Marla Dickerson y Richard Valdmanis. Edición en español de Ana Isabel Martínez y Javier López de Lérida)
