MADRID, 29 oct (Reuters) -El Consejo de Ministros español aprobó el martes un proyecto de ley para que los fiscales se encarguen de las investigaciones penales en lugar de los magistrados de los tribunales, con el fin de equiparar el anticuado sistema de justicia penal del país con los de sus homólogos europeos.
El singular sistema español, en el que los “jueces de instrucción” dirigen las investigaciones penales, se remonta a 1882, y la medida propuesta supone la reforma más significativa en este ámbito hasta la fecha, según dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa.
Dijo que el cambio propuesto por el Gobierno de izquierdas, en minoría parlamentaria, pretende adaptar el modelo español a los de la mayoría de las democracias, de modo que los jueces se limiten a juzgar y ejecutar las sentencias, mientras que las investigaciones las llevará a cabo el Ministerio Fiscal.
Los jueces seguirían supervisando a los fiscales para garantizar que se respetan los derechos fundamentales y los procedimientos adecuados, y podrían revocar o validar las decisiones de la fiscalía.
El proyecto de ley, que requiere la aprobación de un Parlamento muy fragmentado en el que el Gobierno ha tenido dificultades para aprobar leyes, también pretende limitar el papel de la llamada “acusación popular” eliminando el derecho de los partidos políticos y los sindicatos a desencadenar investigaciones penales.
Solo determinadas asociaciones que tengan un “vínculo legítimo” con el asunto de un caso podrían iniciar procedimientos penales con independencia de la policía y la fiscalía.
Partidos de la oposición, entre ellos el ultraderechista Vox, y los grupos de presión ultraconservadores han recurrido a las normas de la acusación popular para poner en marcha casos de corrupción que salpican actualmente al Gobierno.
El fiscal general Álvaro García Ortiz se enfrenta a un juicio en el Tribunal Supremo la próxima semana por presunta filtración de información confidencial en un caso de fraude fiscal en el que está implicada la pareja de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ayuso, de la principal formación de la oposición, el conservador Partido Popular, dijo el martes que la reforma propuesta por el gabinete socavaba la independencia judicial y reflejaba un giro hacia “la justicia popular, que es la más injusta de todas”.
(Información de David Latona; edición de Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)
