Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario peruano Alberto Fujimori, anunció el jueves que postulará en abril por cuarta vez a la elección presidencial días después de que la máxima corte constitucional archivara una investigación en su contra por lavado de activos.
La política y líder del partido de derecha Fuerza Popular manifestó en la plaza de una ciudad norteña del país que en caso llege al poder gobernará con “mano dura” para frenar el aumento del crimen, el principal problema del país andino.
La hija mayor del exmandatario ha postulado tres veces a la presidencia. La última en el 2021 fue derrotada por el izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y apresado a fines del 2022 luego de intentar disolver el Congreso.
Antes la política, divorciada y con dos hijas, había perdido en el 2016 frente al economista de centro derecha Pedro Pablo Kuczynski y el 2011 frente al militar retirado Ollanta Humala.
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la semana pasada desestimar una investigación a Fujimori por recibir fondos presuntamente ilegales de una constructora brasileña y de firmas locales durante sus campañas electorales del 2011 y 2016.
La máxima corte dijo que el delito de lavado de activos contra Fujimori se introdujo en el sistema jurídico de Perú en noviembre del 2016, y los procesos penales no son retroactivas.
En enero de este año una corte judicial ya había anulado un juicio previo por esta causa conocida como “Caso Coctéles” y el caso regresó a nivel de investigación. La fiscalía pedía 35 años de cárcel para Fujimori que durante la investigación estuvo tres veces en prisión preventiva, sumando casi 17 meses en cárcel.
La fiscalía investigada a exfuncionarios, empresarios y a miembros del partido Fuerza Popular por presuntamente recibir hasta 17 millones de dólares de varias fuentes para sus campañas, como la brasileña Odebrecht -que cambió de nombre a Novonor- y el holding financiero peruano Credicorp.
Alberto Fujimori murió en septiembre del año pasado meses después de que fuera liberado de la cárcel, tras cumplir 16 años de una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos durante su gestión 1990-2000, por un indulto humanitario.
