Por Jan Strupczewski
BRUSELAS, 20 nov (Reuters) -Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para armonizar la legislación sobre insolvencia de los 27 países del bloque con el fin de facilitar las inversiones y crear un mercado de capitales comunitario más líquido, informó el Consejo de la UE en un comunicado.
Los trabajos para armonizar algunos aspectos clave de las 27 legislaciones nacionales sobre quiebra llevan una década ralentizados por intereses creados, diferentes culturas y tradiciones jurídicas nacionales y guerras territoriales entre los ministerios de Justicia y Hacienda.
Debido a las diferentes legislaciones sobre insolvencia, el tiempo que tardan los inversores en recuperar su dinero de una empresa en quiebra oscila entre siete meses y siete años, dependiendo de su ubicación, mientras que los costos judiciales pueden oscilar entre cero y más del 10%.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y todas las instituciones de la UE han señalado la falta de una legislación armonizada sobre insolvencia como uno de los principales obstáculos a una mayor integración de los mercados de capitales en Europa.
“La Presidencia danesa del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre una directiva de la UE que armoniza determinados aspectos de la legislación en materia de insolvencia”, dijo en un comunicado el Consejo, que agrupa a todos los gobiernos de la UE.
“En la actualidad, los inversores transfronterizos tienen que tener en cuenta hasta 27 normas de insolvencia diferentes a la hora de evaluar una oportunidad de inversión en un país distinto del suyo”, añadió.
En virtud del acuerdo, los países de la UE tendrán que aplicar las mismas normas para impedir que las empresas trasladen u oculten activos antes de declararse en quiebra, lo que se denomina “acciones de evasión”, y permitirán a las autoridades anular las transacciones que reduzcan de forma injusta lo que los acreedores pueden recuperar.
El acuerdo también prevé que los administradores concursales tengan un acceso más fácil a los registros de cuentas bancarias a través de un sistema compartido. También podrán comprobar la titularidad real y otras bases de datos nacionales para ayudar a localizar activos.
(Editado en español por Carlos Serrano)
