MADRID, 23 dic (Reuters) -El Gobierno español ha promulgado un decreto por el que prorroga a 2025 un impuesto temporal sobre las empresas energéticas, según informó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que los diputados votaran la semana pasada a favor de eliminarlo.
El decreto entra en vigor el 1 de enero, pero tendrá que ser confirmado por el Parlamento en un plazo de 30 días para que siga vigente durante todo el próximo año, como pretende el Gobierno –que se encuentra en minoría parlamentaria–, lo que puede resultar complicado ya que sus socios de izquierda y derecha están enfrentados en este asunto.
“La principal novedad de este Real Decreto-Ley, que creo que es importante también subrayarlo, es que se introduce un incentivo fiscal para que las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización sean contempladas”, dijo Sánchez.
Los créditos fiscales habían sido reclamados por el partido independentista catalán de centroderecha Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que argumentan que la tasa afectaba a las inversiones en sus respectivas regiones.
Las compañías eléctricas han advertido de que la prórroga del gravamen, del 1,2% para las empresas que facturen al menos 1.000 millones de euros (1.040 millones de dólares), pondría en peligro 30.000 millones de euros en inversiones en energías renovables.
El impuesto temporal se creó en 2022 con el objetivo de aliviar las presiones sobre el coste de la vida de los españoles de a pie, ya que las empresas se beneficiaron de una subida de los precios de la energía tras la guerra de Ucrania.
En su última reunión del año, el Consejo de Ministros también prorrogó seis meses las subvenciones temporales que permiten ofrecer descuentos en los precios del transporte público, dijo Sánchez.
Además, los ministros aprobaron un aumento del 2,8% de las pensiones que beneficiará a unos 12 millones de jubilados, añadió.
En otra declaración, el Ministerio de Economía dijo que ampliaba hasta finales de 2026 las restricciones a las adquisiciones extranjeras de empresas españolas que considera estratégicas.
Introducida originalmente como medida para proteger a las empresas españolas durante la pandemia del COVID-19, exige un proceso de autorización para la adquisición por una entidad extranjera de participaciones importantes en empresas relacionadas con ámbitos como la defensa, la sanidad o las telecomunicaciones.
Estas restricciones entraron en juego cuando el grupo saudí STC elevó su participación en el grupo de telecomunicaciones Telefónica hasta el 9,97%. Madrid dio luz verde a la operación en noviembre, tras una revisión de varios meses.
(1 dólar = 0,9607 euros)
(Reporte de Emma Pinedo, David Latona y Jesús Aguado. Edición de Andrei Khalip y Tomasz Janowski; editado en español por Tomás Cobos y Javi West Larrañaga)
