BOGOTÁ, 26 mar (Reuters) – El Gobierno de Colombia debe implementar urgentemente una política de justicia y seguridad para proteger a la población civil y detener la violencia en una zona del noreste del país estratégica para el narcotráfico que se disputan dos grupos guerrilleros, dijo el miércoles Human Rights Watch (HRW).
Los enfrentamientos en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una facción de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deja hasta el momento decenas de secuestrados, cerca de un centenar de muertos y más de 56.000 desterrados de sus hogares, el desplazamiento más grande en la historia reciente del país.
“El Gobierno debe poner en marcha de manera urgente una política de justicia y seguridad para proteger a la población y restablecer el Estado de derecho en el Catatumbo”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
La investigación del grupo de derechos humanos estableció que el ELN cometió desde mediados de enero abusos generalizados contra la población civil, incluidos asesinatos selectivos, al igual que una facción de las FARC.
Los ataques del ELN contra civiles, líderes sociales y exguerrilleros de las antiguas FARC llevaron al presidente izquierdista Gustavo Petro a suspender el diálogo de paz con el primer grupo, interrumpiendo uno de sus principales esfuerzos para poner fin al conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El ELN y el Frente 33 de las FARC habían compartido el control territorial de grandes partes del Catatumbo desde el 2018 en una denominada “coexistencia armada” que se rompió, sostuvo HRW.
En los últimos años la disidencia de las FARC amplió su control social aprovechando la falta de presencia estatal e impuso normas usando amenazas, asesinatos y trabajos forzados como castigo, según la investigación, que incluyó entrevistas a decenas de víctimas y habitantes.
Así mismo, financió reparación de puentes, puestos de salud y escuelas para ganar control sobre la empobrecida población, aseguró HRW.
El Gobierno de Colombia declaró el estado de emergencia al amparo de la Constitución Nacional y busca recaudar recursos para hacer millonarias inversiones sociales en el Catatumbo en un plan que incluye la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, al tiempo que desplegó más tropas del ejército a la región.
(Reporte de Luis Jaime Acosta)
