Por Mario Fuentes y Dave Sherwood
LA HABANA, 29 abr (Reuters) – La madre cubana Heidy Sánchez se derrumbó en lágrimas al recordar el momento en que la semana pasada funcionarios de inmigración de Estados Unidos en Florida le dijeron que sería deportada y separada de su hija de un año que todavía está lactando.
“Me dijeron que llamara a mi esposo, que nuestra hija tenía que quedarse y que yo me iría”, dijo a Reuters en una entrevista en casa de un familiar cerca de La Habana. “Mi hija se puso nerviosa y nerviosa, y empezó a pedir leche, pero no les importó”, añadió.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo a Reuters que la declaración de Sánchez era inexacta y contradecía el protocolo estándar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“Se les pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos o si el ICE colocará a los niños con alguien que el padre designe”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin en una respuesta enviada por correo electrónico el lunes por la noche.
“En este caso, el padre manifestó que quería que la sacaran del país sin la hija y la dejó al cuidado de un pariente confiable en Estados Unidos”.
El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters de pruebas de que a Sánchez se le había ofrecido la opción de llevar a su hija con ella a Cuba.
Sánchez señaló que llegó a Cuba horas después de ser detenida, sin pasaporte, ni identificación y sin documentación de Estados Unidos que explicara el motivo de su deportación.
Las contradicciones en el caso de Sánchez resaltan las preocupaciones de los defensores de los derechos civiles sobre los derechos del debido proceso de los inmigrantes durante la ofensiva migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, una plataforma clave de su campaña electoral de 2024.
El gobierno de Trump difundió el lunes los primeros resultados de las agresivas medidas, destacando una caída en los cruces fronterizos ilegales. Sin embargo, demócratas y defensores de los derechos civiles han criticado las tácticas de su administración, incluyendo los casos de varios niños ciudadanos estadounidenses deportados recientemente con sus padres.
A diferencia de esos casos, Sánchez, quien fue sorprendida en un registro de rutina en una oficina de ICE en Tampa el jueves pasado, dijo que no le dieron otra opción que dejar atrás a su hija, ciudadana estadounidense.
Y añadió que los funcionarios la separaron de su hija, la escoltaron hasta una camioneta, la esposaron y más tarde ese día, la deportaron por avión a Cuba junto a otras 81 personas.
Sánchez, de 44 años, había estado bajo órdenes de deportación desde 2019, pero se le permitió vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos siempre que se registrara regularmente con ICE.
Durante ese tiempo, se casó con un ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Cuba y tuvo su primera hija en noviembre de 2023. Su esposo solicitó la residencia legal en Estados Unidos para Sánchez hace dos años como resultado de su matrimonio, pero aún no ha recibido una respuesta, dijo.
Sánchez lloró varias veces durante la entrevista con Reuters y dijo que entendía que los funcionarios de ICE “solo estaban haciendo su trabajo”, aunque afirmó que separar a una madre de su bebé lactante era “injusto”.
“No puedo dormir, no puedo descansar”, dijo. “Solo pido que me reúnan con mi hija”.
El caso subraya una marcada ruptura política entre las administraciones de Trump y Biden.
Sánchez, quien dijo que no tenía antecedentes penales, está ahora a sólo unos cientos de kilómetros de su hija en Florida, pero a un mundo de distancia. La creciente escasez de alimentos, combustible y medicinas en la isla, a sólo 145 kilómetros de Cayo Hueso, ha hecho que la vida sea insoportable para muchos cubanos.
La crisis ha provocado un éxodo récord de la isla de más de un millón de personas, o más del 10% de la población, un tema que Cuba atribuye a las sanciones estadounidenses que contribuyen a estrangular una economía estatal ya de por sí ineficiente.
(Reporte de Mario Fuentes y Dave Sherwood en La Habana; reporte adicional de Ted Hesson en Washington. Editado en Español por Nelson Acosta y Ricardo Figueroa)
