LIMA, 5 may (Reuters) -La presidenta de Perú anunció el lunes la suspensión de toda la actividad minera por 30 días en la zona donde secuestraron y mataron a 13 trabajadores de una mina de oro, en lo que las autoridades calificaron como uno de los peores ataques en el país de mineros ilegales que buscan apropiarse del negocio.
Dina Boluarte anunció además un toque de queda desde las 1800 hora local (2300 GMT) hasta las 0600 hora local (1100 GMT) y la instalación de una base militar en el distrito de Pataz, en el norte del país, centro de disputas durante una fiebre por el oro debido a los altos precios internacionales del metal.
Perú es el tercer mayor productor de cobre del mundo, pero los depósitos del metal rojo se encuentran en gran parte en el sur. El oro y la plata se extraen principalmente en el norte.
La presidenta Boluarte informó también de que solicitará esta semana al Congreso poderes legislativos para elaborar leyes sobre “terrorismo urbano” y permitir actuar contra bandas criminales que “siembran el terror” como en Pataz.
La minera de oro Poderosa informó el domingo que la policía halló los cuerpos de 13 trabajadores de una pequeña mina artesanal, que tenía un contrato de suministro con la empresa, después de su secuestro a fines de abril.
Boluarte, junto a su primer ministro y mandos policiales en el Palacio de Gobierno, señaló que las fuerzas armadas tomarán el control en la zona asediada por la violencia y donde opera Poderosa, la segunda productora de oro del país según datos oficiales.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, dijo que la suspensión por un mes de la actividad minera en Pataz podrá prorrogarse dependiendo la situación en la zona. En ese periodo se excluirán a los pequeños mineros que no cumplen con las normas de un permiso temporal de operación, añadió.
PIDEN PRECISIÓN
En la misma conferencia el comandante general de la policia, Víctor Zanabria, dijo que hasta mayo se tienen en Pataz 1.291 permisos llamados REINFO para mineros de pequeña escala, de los cuales 530 están vigentes y 761 no tienen al día su registro.
El gerente de asuntos corporativos de Poderosa, Pablo de la Flor, dijo a Reuters que el Gobierno debe “clarificar” si la suspensión incluye las faenas de Poderosa. “La misma debería ser aplicable únicamente a la actividad de los informales”, dijo.
La presidenta del gremio que reune a las empresas mineras de Perú, Julia Torreblanca, consideró que el Gobierno no tendría porqué castigar a los mineros formales que cumplen las normas, sino a las operaciones que actúan al margen de ley.
El distrito de Pataz se ha convertido en los últimos años en la mayor zona productora de oro de Perú debido al aporte de pequeñas minas en vías de formalización que operan bajo el amparo de permisos temporales otorgados por el Gobierno.
Pero también operan minas informales o ilegales -atraídas por el aumento del precio del oro en los mercados- muchas de ellas en complicidad con bandas criminales, según la policía.
La minería ilegal, principalmente de oro, se ha convertido en una actividad que mueve más dinero que el narcotráfico, entre 3.000 millones y 4.000 millones de dólares cada año, según el Gobierno.
Poderosa ha informado que 39 colaboradores de la empresa han sido asesinados en los últimos años por grupos ilegales. A fines de marzo, la empresa informó de la muerte de otros dos trabajadores en Pataz, luego de una emboscada de mineros ilegales.
Perú exporto oro por unos 15.500 millones de dolares el año pasado, y se calcula que al menos un 40% tiene procedencia ilegal. Según datos del ministero de Comercio Exterior, India compró oro por unos 4.200 millones de dólares en el 2024.
(Reporte de Marco Aquino, editado por Manuel Farías y Javier leira)
