Por Sebastian Castaneda y Marco Aquino
TRUJILLO, Perú (Reuters) – Frank Monzón conocía los riesgos, pero el atractivo del oro que estaba en las entrañas de una alejada zona andina de Perú era más poderoso que el peligro. Ahora él y otros 12 trabajadores han muerto en una de los las peores masacres mineras.
Las víctimas brindaban seguridad a la mina artesanal Lidmar, que extrae oro de un profundo socavón en una montaña de la provincia de Pataz a través de un contrato de explotación con la firma Poderosa, la segunda compañía aurífera del país.
Lidmar dijo en un comunicado que sus trabajadores “fueron emboscados, cruelmente torturados y asesinados por sicarios”.
Esta semana, las autoridades anunciaron la suspensión de algunas actividades mineras en Pataz en el norte de Perú, luego de que la policía recuperó el domingo los cuerpos de los 13 mineros del interior de la mina, después de que, dijo, fueron secuestrados a fines de abril y asesinados por mineros ilegales.
La muerte de los trabajadores ha sacudido al país tercer productor mundial de cobre y el octavo para el oro. Los precios del metal precioso han subido y con ellos la actividad minera ilegal, que ha provocado enfrentamientos por el control de las minas que operan en varias regiones del país.
“Él me decía que había muchas muertes y yo siempre seguía diciéndole a mi hijo ‘deja ese trabajo, hijo, vuelve, no trabajes allí, trabaja en otro lado'”, dijo Abraham Domínguez, quien se identificó como el padre de una de las víctimas.
“Para nosotros, como padres, es un dolor muy grande el que sentimos. Son nuestros hijos, nuestra sangre. Pensé que tal vez algún día lo haría enterrarme, pero en lugar de eso, voy a enterrar a mi hijo”, dijo en el sepelio de la víctima.
En la noche del martes, familiares de algunos de los 13 trabajadores mineros asesinados se despidieron de sus seres queridos, con entierros en varias ciudades del país.
En Trujillo, capital de la región donde está Pataz, los familiares se excusaban de hablar con periodistas por el miedo a represalias de las bandas criminales responsables de la matanza según las autoridades.
El ataúd blanco de Monzón fue cargado en procesión por amigos y familiares por algunas calles de Trujillo antes de darle sepultura para reclamar justicia.
En la región norteña de Piura, Darwin Cobeñas fue enterrado en su humilde ciudad natal, mientras su familia lloraba y oraba para que su muerte no quedara impune.
“Estoy vivo porque mi ‘causa’ (amigo) me dijo no fuera”, dijo un hombre de unos 30 años que contó que era compañero de una de las víctimas y que decidió no viajar a la mina días antes de la matanza. “Me dijo: están pasando muchas cosas, no vayas”, añadió tras pedir no revelar su nombre durante el funeral de Trujillo.
“EL ORO ES UNA MALDICIÓN”
Pataz se ha convertido en la principal zona productora de oro de Perú, gracias principalmente al aporte de pequeñas minas artesanales o informales, que operan bajo el amparo de permisos temporales llamados REINFO otorgados por el Gobierno.
Sin embargo, los miles de permisos son aprovechados por mineros ilegales que, atraídos por el precio del oro, someten a los pequeños o les roban su producción en alianza con bandas criminales, según la policía y fuentes de la industria.
“El oro es una maldición para Pataz”, dijo el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, quien viajó a Lima para hablar con la presidenta Dina Boluarte y exigir mayor inversión en su empobrecida provincia, a la que se llega tras 18 horas de viaje por tierra desde Trujillo.
Mariño dijo que a pesar de la gran riqueza mineral de la zona, su comunidad vive sin servicios básicos, escuelas y con los caminos deteriorados o sin pavimentar.
“Esto viene (pasando) desde hace varios años con la diferencia de que ahora ya ha reventado todo. Es por la ausencia del Estado”, agregó. “La gente sigue muriendo de dolor porque no tiene hospitales. Es asesinada no solo por la criminalidad sino por la falta de carreteras que genera graves accidentes”, dijo.
La presidenta Boluarte anunció el lunes que instalará una base militar en Pataz y se impondrá un toque de queda nocturno y se restringirá el transporte de minerales en la zona.
Los fiscales de Trujillo que investigan la matanza indicaron que los cuerpos de los trabajadores, encontrados por la policía dentro del socavón, llevaban muertos entre siete y ocho días, según la evaluación de médicos legistas.
Poderosa ha reportado la muerte de 39 trabajadores en los últimos años por ataques a sus instalaciones o a minas pequeñas que le suministran oro. Y en los últimos cuatro años 15 torres de alta tensión de la compañía fueron derribadas con explosivos.
La minería ilegal, principalmente de oro, ha superado incluso al narcotráfico en volumen de dinero movilizado, entre 3.000 millones y 4.000 millones de dólares cada año, según el Gobierno.
Perú exporto oro por 15.500 millones de dólares en el 2024, un fuerte salto frente a los 11.000 millones de dólares del año anterior. Se estima que alrededor de un 40% tiene procedencia ilegal, según datos del sector y el regulador financiero local.
(Con reporte adicional de Anthony Marina de Reuters Televisión; Editado por Javier López de Lérida)
