LIMA, 10 jul (Reuters) – Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Perú dijeron el jueves que solicitaron a los jueces que no apliquen una ley de amnistía a militares aprobada por el Congreso, la cual podría enterrar cientos de casos y sentencias de abusos por parte de miembros de las fuerzas armadas.
El Congreso aprobó el miércoles en una definitiva votación un proyecto de ley que otorga amnistía a militares y policías procesados o sentenciados mayores de 70 años por casos de abusos durante un conflicto armado interno entre 1980 y el 2000.
La ley será remitida en los próximos días al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para su promulgación, lo que activaría pedidos de perdón de militares acusados, según un grupo que representa a los familiares de las víctimas.
“Vamos a ir caso por caso solicitando la inaplicación de esta ley”, dijo Gloria Cano, directora de la peruana Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en conferencia de prensa.
La activista afirmó que esperan agotar todas las instancias locales antes de acudir a foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de revertir la ley de amnistía.
Perú vivió en las últimas dos décadas del siglo pasado una violenta lucha entre las fuerzas de seguridad y el grupo maoísta Sendero Luminoso que buscaba tomar el poder, en la que murieron o desaparecieron unas 69.000 personas, según cifras oficiales.
El legislador Fernando Rospigliosi, del partido de derecha Fuerza Popular y promotor de la ley, alegó que se busca terminar juicios que llevan más de dos décadas sin sentencia.
“Ellos están siendo procesados de manera ilegal durante décadas, después de 30 ó 40 años de ocurrido los hechos siguen con juicios que nunca terminan”, dijo a Reuters Rospigliosi, que señaló que serían unos 1.500 militares beneficiados.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú señaló que con la amnistía quedarían en la impunidad 156 casos con sentencia firme y más de 600 juicios en trámite, un retroceso sin precedentes en los avances de la justicia local.
“No solamente nos parece ilegal, sino injusta e inhumana la decisión de regalar un perdón a quienes han violado los derechos humanos”, dijo Gisela Ortíz, hermana de un estudiante asesinado por un grupo militar que actuaba bajo la sombra en 1992.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que falleció en septiembre del año pasado, fue condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos durante su década de poder. Tras 16 años de purgar condena, Fujimori salió en libertad en diciembre del 2023 tras un polémico indulto.
(Reporte de Carlos Valdez de Reuters Televisión, escrito por Marco Aquino. Editado por Natalia Ramos)
