Por Diana Novak Jones
CHICAGO, 21 jul (Reuters) – Más de 20 fiscales generales demócratas demandaron el lunes para bloquear una política del Gobierno de Trump que prohíbe a los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos acceder a programas financiados por el gobierno federal para familias de bajos ingresos que proporcionan educación infantil, alimentos y atención médica.
Sostuvieron que podría obligar a los programas a cerrar por completo.
Los fiscales generales de varios estados, entre ellos Nueva York, California e Illinois, presentaron la demanda ante el tribunal federal de Providence (Rhode Island), solicitando al tribunal que bloquee las políticas anunciadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Justicia y otras agencias en memorandos publicados a principios de este mes.
Argumentan que las políticas, que implementan una orden ejecutiva centrada en la inmigración del presidente republicano Donald Trump, son inconstitucionales y se emitieron sin seguir el proceso de reglamentación federal requerido.
Las directivas requieren que los programas verifiquen el estatus migratorio de los participantes antes de proporcionar servicios, o corren el riesgo de perder fondos federales críticos, dice la demanda.
Los requisitos entraron en vigor casi inmediatamente después de que se emitieran las directivas, dejando a los programas luchando por encontrar formas de cumplirlos para poder seguir abiertos, según la demanda.
Por lo general, los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país no tienen derecho a la mayoría de las prestaciones federales, pero hasta la publicación de los memorandos, algunos programas de asistencia sanitaria, alimentación y educación infantil no se consideraban prestaciones federales restringidas.
Además, la política también se aplica a algunas personas que están en el país legalmente, como los que tienen visados de estudiante, y podría perjudicar a los ciudadanos estadounidenses sin identificación del gobierno, dijeron.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que el programa Head Start de su estado recibe aproximadamente 700 millones de dólares en fondos federales para proporcionar educación infantil a casi 43.000 niños. Muchos proveedores del programa han dicho que podrían no tener la capacidad de examinar el estatus migratorio de los participantes, poniendo en riesgo la financiación.
“Este es un ataque sin fundamento contra algunos de los programas públicos más eficaces e inclusivos de nuestro país, y no lo permitiremos”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del HHS dijo que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes.
(Reportaje de Diana Novak Jones, Edición de Alexia Garamfalvi y Aurora Ellis, Editado en español por Juana Casas)
