Por Humeyra Pamuk y Anthony Deutsch
WASHINGTON/LA HAYA, 20 ago (Reuters) – El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso el miércoles sanciones a dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), intensificando su presión sobre el tribunal por su señalamiento de líderes israelíes y una decisión pasada de investigar a funcionarios de Washington.
En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al tribunal de “amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento para la guerra legal” contra Estados Unidos e Israel.
Washington designó al francés Nicolas Yann Guillou, a la fiyiana Nazhat Shameem Khan, al senegalés Mame Mandiaye Niang y a la canadiense Kimberly Prost, según los departamentos del Tesoro y de Estado. Todos ellos han estado implicados en casos relacionados con Israel y Estados Unidos.
“Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”, declaró Rubio.
La segunda ronda de sanciones se produce menos de tres meses después de que la administración diera el paso sin precedentes de sancionar a cuatro jueces de la CPI.
Se trata de una grave escalada que probablemente obstaculizará el funcionamiento del tribunal y de la fiscalía en la tramitación de casos importantes, como las acusaciones de crímenes de guerra contra Rusia por su invasión de Ucrania.
La CPI, que denunció la medida en junio como un intento de socavar la independencia de la institución judicial y de la fiscalía, no hizo comentarios de inmediato.
Los jueces de la CPI emitieron órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el dirigente de Hamás Ibrahim al Masri en noviembre por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto en Gaza.
En marzo de 2020, los fiscales abrieron una investigación en Afganistán que incluía examinar posibles crímenes de tropas estadounidenses, pero desde 2021 ha restado prioridad al papel de Washington y se ha centrado en presuntos crímenes cometidos por el gobierno afgano y las fuerzas talibanes.
(Reporte adicional de Ryan Jones, Katharine Jackson y Daphne Psaledakis; editado en español por Carlos Serrano)
