Por Emma Farge
GINEBRA, 26 ago (Reuters) – Un equipo de investigadores de la ONU encargado de investigar casos de violencia por parte de colonos israelíes y la transferencia de armas a Israel para su uso en la guerra de Gaza no puede completar su trabajo debido a las limitaciones financieras, según muestra un documento.
El incidente muestra cómo la grave escasez de fondos en el sistema de la ONU, causada por la fatiga de los donantes y el ajuste de cinturones, está perjudicando los esfuerzos mundiales de rendición de cuentas por abusos, después de que una investigación sobre el Congo se paralizara a principios de este año.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados -creada en mayo de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra- puede aportar pruebas de crímenes internacionales utilizadas en investigaciones previas al juicio por tribunales como la Corte Penal Internacional.
El año pasado, el Consejo aprobó una petición de Pakistán para investigar pruebas adicionales sobre transferencias de armas a Israel en el contexto de la guerra de Gaza y la violencia de los colonos israelíes.
Pero Navi Pillay, que dirige la investigación, comunicó al presidente del Consejo en una carta fechada el 6 de agosto que la falta de fondos le impedía contratar personal.
“La Comisión ha comenzado a informar a los patrocinadores de las dos resoluciones de que no podrá elaborar los informes que le han sido encomendados y presentarlos al Consejo en marzo de 2026”, declaró Pillay, que ha sido juez en la CPI y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Israel ha criticado regularmente a la comisión, que ha condenado las acciones del ejército israelí desde que lanzó su ofensiva contra Gaza tras los mortíferos ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
El retraso en el pago de las cuotas obligatorias de la ONU, incluidas las del principal donante, Estados Unidos, que adeuda alrededor de 1.500 millones de dólares, ha agravado una larga crisis de liquidez de la ONU. En respuesta, el organismo mundial planea recortar su presupuesto en un 20%.
En total, 12 de los 47 miembros con derecho a voto del Consejo -que se reunirá en septiembre para debatir las crisis de Sudán y Afganistán- tienen cuotas pendientes, según un recuento del Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
Nada Al Nashif, Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, declaró que las investigaciones se están llevando a cabo actualmente con una dotación de personal de alrededor del 50%.
“Sin la oportuna disponibilidad de fondos, la ejecución se ha visto y seguirá viéndose cada vez más limitada y, en algunos casos, simplemente no será posible”, afirmó.
(Reporte de Emma Farge, edición de Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos)
