CIUDAD DE MÉXICO, 18 sep (Reuters) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves a “Los Mayos”, una poderosa facción del Cártel de Sinaloa, por corrupción y narcotráfico, así como a una extensa red de siete operadores y 15 empresas relacionadas, entre las que incluyó a una diputada del partido oficialista mexicano Morena.
La acción ocurre el mismo día en que el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, viaja a Ciudad de México para reunirse con funcionarios mexicanos, como parte de un esfuerzo de la administración de Donald Trump para desmantelar organizaciones criminales mexicanas y detener el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, dijo Hurley citado en un comunicado del Departamento del Tesoro. “La medida de hoy (jueves), tomada en coordinación con nuestros aliados en las fuerzas del orden, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”.
La facción de “Los Mayos” es responsable de la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos, dijo el Tesoro estadounidense.
En Rosarito, en el estado noroccidental Baja California, “Los Mayos” están involucrados en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local. Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores constituyen una arteria clave para las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.
A principios del año, Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y a otros grupos criminales mexicanos como una Organización Terrorista Extranjera.
Según el documento, “Los Mayos”, integrada por allegados a Ismael “El Mayo” Zambada, preso en Estados Unidos, mantiene una presencia dominante en Baja California, Sonora y Zacatecas. Rivaliza con “Los Chapitos”, la otra gran facción del Cártel de Sinaloa, con la que se está disputando el control del estado en una confrontación que ha dejado cientos de fallecidos.
SEÑALAMIENTO HISTÓRICO
Entre las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense figura la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, exalcaldesa de Rosarito entre 2019 y 2024, señalada por su participación o facilitación en el tráfico de drogas hacia el vecino país. Brown es una de las funcionarias de más alto rango en funciones acusadas de actividades ilícitas por parte de Washington.
Una vez incluidos en la lista de la OFAC, los bienes de las personas en Estados Unidos quedan bloqueados. Se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos y las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones podrían enfrentar sanciones secundarias.
En su cuenta de Facebook, Brown rechazó las acusaciones y aseguró que sus cuentas bancarias no han sido bloqueadas.
“Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento (Morena); seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, escribió la funcionaria. “Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas”, agregó tras afirmar que responderá ante “cualquier autoridad”.
A principios de junio, Reuters reportó que funcionarios estadounidenses estaban presionando a sus pares mexicanos para que la justicia del país latinoamericano investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y que los extradite a Estados Unidos si existiesen cargos penales allí.
Además, el Tesoro estadounidense identificó a Juan José Ponce, alias “El Ruso”, como líder de “Los Mayos” y lo acusó de controlar las rutas de narcotráfico en Baja California y de dirigir una “flota de soldados” involucrados en secuestros, tomas de rehenes, tortura y asesinatos para promover los intereses del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Las sanciones incluyen a Jesús González Lomelí, un magnate restaurantero y financiero de alto rango del cártel, acusado de lavar millones de dólares a través de bares, restaurantes y resorts en Rosarito. También figura Candelario Arcega Aguirre, un operador político que corrompió e infiltró el gobierno municipal de Rosarito, manteniendo una estrecha relación con la exalcaldesa Brown.
Ni González ni Arcega estuvieron inmediatamente disponibles para comentar sobre los señalamientos.
(Reporte de Diego Oré y Lizbeth Díaz; Editado por Adriana Barrera)
