Por Emily Schmall y Andrea Shalal y Joseph Ax
CHICAGO, 8 oct (Reuters) -Cientos de soldados de la Guardia Nacional de Texas se congregaron el martes en unas instalaciones del Ejército a las afueras de Chicago, mientras la amenaza de Donald Trump de invocar una ley antiinsurrección y desplegar efectivos en más ciudades de Estados Unidos intensificaba la batalla sobre los límites de su autoridad.
El presidente republicano volvió a dejar abierta el martes la posibilidad de que recurra a la centenaria Ley de Insurrección para eludir cualquier fallo judicial que bloquee el envío de militares de la Guardia a ciudades lideradas por demócratas, a pesar de las objeciones de responsables locales y estatales.
Un juez federal ha prohibido temporalmente que los militares de la Guardia se dirijan a Portland (Oregón), aunque otro juez ha permitido de momento el despliegue en Chicago, donde los agentes federales han emprendido una amplia campaña contra la inmigración ilegal.
“Bueno, ya se ha invocado antes”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. Ha afirmado que los efectivos son necesarios para proteger la propiedad y el personal federal en el desempeño de sus funciones, así como para ayudar a una campaña general de represión de la delincuencia.
“Si miras Chicago, Chicago es una gran ciudad donde hay mucho crimen, y si el gobernador no puede hacer el trabajo, nosotros lo haremos. Es muy sencillo”, dijo.
LA LEY DE INSURRECCIÓN NO SE UTILIZA DESDE 1992
La ley, que autoriza al presidente a desplegar el ejército para sofocar disturbios en caso de emergencia, solo se ha utilizado normalmente en casos extremos, y casi siempre por invitación de los gobernadores de los estados. El último presidente en recurrir a esta ley fue George H. W. Bush durante los disturbios de Los Ángeles de 1992.
Según la legislación federal, la Guardia Nacional y otros efectivos militares tienen prohibido, por lo general, llevar a cabo tareas policiales civiles. Pero la Ley de Insurrección permite una excepción, otorgando a los militares el poder de vigilar y detener directamente a las personas.
El uso de la ley representaría una escalada significativa de los esfuerzos de Trump para desplegar el ejército en las ciudades demócratas. Desde que comenzó su segundo mandato como presidente en enero, no ha dudado en tratar de ejercer la autoridad gubernamental contra sus oponentes políticos, a medida que presiona para ampliar los poderes de la presidencia de maneras que han puesto a prueba los límites de la ley.
La semana pasada, en un discurso ante altos mandos militares, Trump sugirió utilizar las ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para las fuerzas armadas, lo que alarmó a demócratas y grupos de defensa de las libertades civiles.
Randy Manner, un general de división retirado del Ejército que fue vicejefe en funciones de la Oficina de la Guardia Nacional, dijo que utilizar la Ley de Insurrección de la forma que parece que contempla Trump no tiene precedentes reales.
“Es una pendiente extremadamente peligrosa, porque esencialmente dice que el presidente puede hacer lo que quiera”, dijo Manner, que sirvió bajo gobiernos republicanos y demócratas antes de retirarse en 2012. “Es absolutamente la definición de dictadura y fascismo”.
TRUMP APUNTA A CHICAGO Y PORTLAND
Trump ha ordenado el envío de militares de la Guardia a Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, y a Portland (Oregón), tras sus anteriores despliegues en Los Ángeles y Washington DC. En cada caso, ha desafiado la firme oposición de alcaldes y gobernadores demócratas, que dicen que las afirmaciones de Trump sobre anarquía y violencia no reflejan la realidad.
Los soldados de la Guardia de Texas fueron vistos el martes reuniéndose en el Centro de Entrenamiento de la Reserva del Ejército en Elwood, a unos 80 kilómetros al suroeste de Chicago. No estaba claro de inmediato cuándo planean comenzar las operaciones en la propia ciudad.
En Chicago y Portland, las protestas por las políticas de inmigración de Trump habían sido en gran medida pacíficas y de tamaño limitado, según los responsables locales, lejos de las condiciones de “zona de guerra” descritas por Trump.
Desde la llegada de agentes federales por Chicago el mes pasado, las manifestaciones han hecho poco para alterar la vida en una ciudad donde el crimen violento ha caído bruscamente. Los restaurantes y los teatros están tan concurridos como siempre, y las multitudes han acudido a las playas frente al lago para disfrutar de una racha inusual de clima cálido.
Las protestas han mucho menos perturbadoras que los disturbios desencadenados en 2020 por la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado, a manos de agentes de policía de Mineápolis.
La manifestación más habitual ha tenido lugar frente a un centro de tramitación de migrantes en el suburbio de Broadview. Varias decenas de personas han protagonizado enfrentamientos cada vez más violentos con agentes federales, que les han disparado gases lacrimógenos y balas de goma. Varias personas, entre ellas al menos un periodista, han sido detenidas, y decenas han resultado heridas.
(Información de Andrea Shalal en Washington y Emily Schmall en Chicago; información adicional de Tom Hals, Jan Wolfe y Dietrich Knauth; redacción de Joseph Ax; edición de Frank McGurty, Nick Zieminski y Edmund Klamann)
