LIMA, 22 oct (Reuters) – El nuevo Gobierno de Perú considera que los pequeños mineros necesitan más tiempo para formalizarse y evalúa la situación, dijo el martes el primer ministro, Ernesto Álvarez, en momentos que cientos de trabajadores del sector han renovado protestas exigiendo la ampliación de sus permisos.
La gestión de la recientemente destituida presidenta Dina Boluarte excluyó en julio a miles de mineros informales de una programa de permisos de operación llamado REINFO, y mantuvo a unos 31.500 pequeños mineros para que puedan con sus gestiones formalizarse antes que culmine el plazo a fines de año.
“El gran problema es que si se renueva el REINFO es un incentivo para los mineros ilegales, pero por otra parte la minería artesanal necesita mayor tiempo para poder intentar formalizarse”, dijo Álvarez tras acudir al Congreso.
A la pregunta si frente a los nuevos reclamos se estudia una nueva ampliación, el primer ministro dijo que “está en evaluación porque es un problema sumamente complejo” para un gobierno que debe terminar un mandato hasta julio del 2026.
Cientos de pequeños mineros del interior del país, que llegaron desde inicios de la semana a la capital del país, se encuentran apostados con pancartas y vuvuzelas frente a la sede del Congreso para exigir una ampliación del programa.
Actualmente el Congreso evalúa un proyecto de nueva ley para pequeños mineros enviada por el gobierno anterior, para separar a mineros ilegales que han aprovechado el REINFO para operar.
Los varios intentos del gobierno de cerrar el programa han sido recibidos con violentas protestas. El accionar de la minería ilegal, principalmente en la extracción de oro, ha provocado enfrentamientos mortales en las regiones mineras.
“Tenemos que proponer, porque este es un gobierno provisional, y dejar las bases al siguiente gobierno que surga de la voluntad popular la necesidad de reformar, reorganizar la principal riqueza de nuestro país, la minería”, dijo Álvarez.
El nuevo gobierno de Jerí, bajó presión frente a los conflictos sociales, decretó el martes por 30 días un estado de emergencia en Lima y la vecina provincia del Callao, en busca de frenar el aumento de la delincuencia tras una protesta que dejó un muerto y más de 100 heridos la semana pasada.
(Reporte de Marco Aquino, Editado por Juana Casas)
